Al margen de los soldados que España tiene desplegados en "misiones de paz", el país cuenta con otro ejército de personas que trabajan por el desarrollo de las zonas del planeta más desfavorecidas. Alrededor de 1.500 cooperantes españoles operan en, al menos, 63 países. De ellos, unos 200 lo hacen en regiones en guerra, según la Asociación Profesional de Cooperantes (APC).

Se trata de personal remunerado que se dedica a tareas de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria en el extranjero. No se incluyen ni funcionarios ni misioneros ni voluntarios, y sus tareas pasan por un amplio abanico de funciones que van desde la educación hasta la construcción básica de infraestructuras y la aportación de recursos elementales.

América Latina, tradicional destino de los fondos de la cooperación nacional, es la región que acoge al mayor número de cooperantes españoles (58%), seguida el Africa Subsahariana (20%), Extremo Oriente (11%) y el Magreb y Oriente Medio (7%). No obstante, los países más receptores son Ecuador, con más de 100; Angola, 90, y Mozambique, Nicaragua y Perú, que superan los 80.

En ONG españolas

Más de la mitad de los cooperantes españoles trabajan para alguna ONG nacional (como Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras o Acción contra el Hambre), en tanto que un 16% están empleados por la Agencia Española de Cooperación (AECI), un 10% dependen de Naciones Unidas y otro 6% de la Unión Europea. El resto lo hacen para ONG españolas, ayuntamientos y comunidades autónomas u organismos internacionales ajenos a Naciones Unidas.

El pasado 28 de abril el Consejo de Ministros aprobó el Estatuto del Cooperante, que establece los derechos y deberes de quienes trabajan en programas de desarrollo y ayuda humanitaria en el extranjero. Además, desarrolla un catálogo de derechos y deberes, entre los que está recibir un salario digno, compensación por los gastos de traslado y derecho a recibir una formación adecuada.

Asimismo, se ha acordado la cofinanciación por parte de la AECI del seguro médico con el que deben viajar. No en vano, los accidentes son la principal causa de muerte entre los cooperantes. En el 2004 tres jóvenes andaluces fallecieron en Tanzania cuando el autobús en el que viajaban chocó contra un camión; y el año pasado la navarra Cristina Crespo murió en accidente de tráfico en Bolivia.

No obstante, el desempeño de las labores de cooperación en países inestables política y socialmente entraña un riesgo que también se ha cobrado algunas vidas, como la de Ana Isabel Sánchez, muerta en 2003 en Guinea Ecuatorial a causa del disparo de un soldado. Solo en los años 90 fueron asesinados una decena de cooperantes en la región africana de los Grandes Lagos.