Pasadoa el primer día de la publicación de la sentencia por el juicio al procés, han aflorado de nuevo las mismas disensiones entre JxCat, ERC, CUP y comuns que habían impedido, en las semanas previas, alcanzar un acuerdo sobre cómo responder institucionalmente a la sentencia del Tribunal Supremo.

Así, el pleno extraordinario que se celebrará mañana en el Parlamento catalán, como reacción a lo dictado por el alto tribunal no someterá a votación ninguna propuesta de resolución firmada por todo el soberanismo que escenifique una unidad estratégica contra el fallo.

Al menos por ahora, ya que hay fuerzas políticas que pretenden presionar hasta el último minuto para entrar una propuesta. Si esto no sucede, el pleno contará solo con la intervención, a petición propia y sin límite de tiempo, del president y las posteriores réplicas. Nada más, pese al anuncio hecho por el propio Torra en la pasada moción de censura presentada por Cs, de que la respuesta institucional la daría el Parlament. Una forma, además, de trasladar la patata caliente al presidente de la Cámara, Roger Torrent.

La iniciativa que había sobre la mesa abogaba por la «soberanía», la «amnistía» y la «autodeterminación», pero los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC) advirtiendo a los miembros de la Mesa de que un descarrile de la legalidad puede conllevar consecuencias penales, ha hecho que se enfríe esa idea. Los socios de Govern no quieren poner en riesgo las instituciones y mucho menos que se aplique de nuevo el artículo 155 de la Constitución. Para los comuns es un sosiego porque así tienen un margen de tiempo para perfilar su postura con el 10-N a la vuelta de la esquina. La CUP, en cambio, aprieta con la desobediencia institucional y se ofrece a entrar en la Mesa para facilitar las tramitaciones, aunque JxCat y ERC lo entienden como un simple amago.

El propio Oriol Junqueras, recientemente, recalcó que no había que caer en respuestas que supusieran fuegos de artificio. Una forma de reiterar que sacar adelante medidas simbólicas que no supongan un avance efectivo hacia la independencia, que sí puedan derivar en consecuencias legales, no eran deseables. Y es que ERC trata sobre todo, de proteger la figura de Torrent, más aún tras verse discutido por algunos sectores del independentismo por no haber tramitado, el 30 de enero del 2018, la sesión de investidura de Carles Puigdemont. La prohibición expresa del TC hizo desistir al republicano, en la línea de lo que ha pedido siempre Junqueras desde la cárcel.

En las filas de la CUP no sentó bien que se aparque la reacción en el hemiciclo y que el pleno de mañana se limite a la intervención de Torra: «El pueblo está absolutamente alzado. Necesitamos una fuerzas democráticas absolutamente alzadas en el Parlament», abundó, y se preguntó: «¿De qué sirve el Parlament si no se puede hablar de todo?», espetó el diputado Vidal Aragonés.

la contradicción de Torra / El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, afirma el pasado lunes en TV-3 que las imágenes del bloqueo del aeropuerto de Barcelona y de las cargas policiales «no gustan a nadie y a mi el primero». Ayer por la mañana, el president Quim Torra, ante corresponsales extranjeros, admite la «contradicción» entre el apoyo a lasmanifestaciones -que aplaudió el lunes en Twitter- y la actuación de los Mossos por parte del Govern. «Ciertamente le reconozco estas contradicciones, pero por eso si hay cualquier exceso que se salta los protocolos asignados para los Mossos habrá las investigaciones que tenga que haber hasta el final y con las últimas consecuencias», asumió.

Después, la portavoz del Govern, Meritxell Budó admitía también, en rueda de prensa, que el apoyo a las movilizaciones contra el fallo judicial, por un lado, y la actuación policial, por otro, generan «a veces contradicciones difíciles de resolver».