"Extremadura no es un lugar con demasiados problemas en esta materia. Pero tenemos una diversidad especialmente rica e importante, por lo que pretendemos que los pocos casos que haya se conviertan en ninguno". Con estas palabras dibujó Guillermo Crespo, director general del Medio Natural, la situación actual del uso de venenos contra la fauna silvestre en la región. Fue hace apenas un mes, en la presentación del Comité Autonómico de Seguimiento sobre Ecotoxicología, un organismo formado por la Junta (mediante las consejerías de Industria y de Agricultura), la Universidad de Extremadura y el Seprona cuyo fin es definir y coordinar las estrategias para evitar el la utilización de cebos envenenados contra especies protegidas.
Solo Andalucía y Castilla y León aglutinan la mitad de los casos que se registran en España cada año. Pero los datos de Extremadura, no son desdeñables: en el último lustro se han abierto una media de entre 25 y 30 expedientes anuales por el uso de venenos contra especies protegidas, según datos de laJunta. De ahí, que los objetivos del Comité sobre Ecotoxicología sean: lograr mayor rapidez y eficacia en las actuaciones e imputaciones, así como incrementar la presión en el ámbito de la vigilancia; trabajar en la disuasión, el convencimiento y la prevención; y ofrecer mayor información, porque "por cada pieza que persigue quien pone el veneno, mueren 8 o 9 que no tienen nada que ver y que probablemente son especies silvestres de incalculable valor", explica Crespo.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil intervino el año pasado en 10 casos y cuatro detenciones por envenenamiento de animales. Pero los agentes de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente trabajaron en otros 36 episodios. En total, se hallaron 65 ejemplares muertos, 44 de ellos aves protegidas y el resto, perros que habían ingerido carne envenenada.
"El nuevo comité regional es una buena iniciativa, pero es una lástima que de momento no nos hayan dado cabida a las organizaciones conservacionistas en un problema al que venimos prestando muchísima atención", lamenta Marcelino Cardiallaguet, delegado en Extremadura de la organización de protección de aves SEO-Birdlife. Tal es la implicación ecologista con este problema que en 1998 ocho oenegés crearon el Programa Antídoto, dedicado a la coordinación, difusión, denuncia y seguimiento de los casos de envenenamiento de fauna en España.
"Lo más preocupante es que el caso de Siruela se haya destapado casi por casualidad, gracias a la existencia de un localizador en un alimoche", advierte Cardiallaguet, que explica que el uso de venenos es la principal causa de muerte en especies tan amenazadas como el milano real o el propio alimoche. Según estudios realizados en este ámbito, administraciones, oenegés y Seprona apenas tienen conocimiento de uno de cada cinco casos de envenenamiento ocurridos en España.
Precedentes
La delegada del Gobierno, Carmen Pereira, manifestó ayer que ni el Seprona ni el programa de Especies Protegidas tienen datos sobre un envenenamiento masivo de aves rapaces como el del pasado fin de semana en Siruela. Sin embargo, en el 2006 los ecologistas pusieron en conocimiento de las autoridades el hallazgo de ocho buitres negros y leonados posiblemente envenenados en la localidad cacereña de Carrascalejo. Además, Cardalliaguet recuerda otros episodios similares en la sierra de San Pedro, con buitres negros afectados y la actividad ganadera como responsable.
