La historia de Cetarsa ha sido convulsa desde sus inicios. Tras su creación en 1987, la compañía incidió en la reducción de costes. Esto se tradujo, a principios de los noventa, en el cierre de los centros de almacenamiento y procesado de Murieta (Navarra), Carracedelo (León), Candeleda (Avila) y Don Benito. Y en aquella época sus directivos incluso tuvieron que aclarar en el Congreso las acusaciones sobre la existencia de listas negras de tabaqueros a los que Cetarsa no compraba tabaco.

Pero los momentos de mayor agitación llegan en los inicios del siglo XXI. En el 2002 un expediente de regulación de empleo deja en la calle a 570 de los cerca de 1.100 empleados de la compañía. La mitad de los afectados son de la fábrica de Granada, que echa el cierre, al igual que la de Plasencia, mientras que los centros de Jaraíz y Jarandilla quedan como almacenes. La otra mitad son extremeños. Este ERE supone un desembolso de 22 millones de euros, trasladar sus oficinas de Madrid a Navalmoral para reducir costes y cerrar el año con 9 millones de euros de pérdidas.

En el 2003, el Gobierno de Aznar intenta privatizar la sociedad. Hay un vaivén de nombres en la dirección y el organigrama. José Buendía, por ejemplo, apenas dura cuatro meses como consejero delegado. Las movilizaciones sindicales, con el apoyo de la Junta, el PSOE y organizaciones como UPA, se suceden y el proceso de privatización termina por no cuajar. Carlos Sánchez Polo y Teófilo Moreno se postulan como nuevos presidentes, pero la persona designada finalmente es Julio Viñuela, que nada más aterrizar asegura: "El ERE ha sido un paso importante para mejorar la eficiencia, pero dista mucho del que es necesario para competir en el sector".

Hoy Viñuela sigue al frente de la compañía, que de momento tiene 567 empleados. 256 son mujeres y solo 126 son fijos.