Dos empresarios extremeños se han visto involucrados en una supuesta trama de corrupción, estafas, extorsiones y sobornos millonarios a altos cargos de El Salvador, en la que también aparecen relacionados dos exministros y el expresidente del país. El resultado: los dos extremeños están en busca y captura en 171 países, según la Policía Internacional (Interpol), que insiste en que se encuentran en paradero desconocido, aunque EL PERIODICO EXTREMADURA pudo localizarlos ayer en Los Santos de Maimona y Cádiz y hablar con el que, aseguran los medios de comunicación salvadoreños, es la cabeza visible de la trama, el cacereño Joaquín Alviz, quien manifestó que todo responde a un montaje del Gobierno de El Salvador y que detrás se esconden muchos intereses.
De momento, la Interpol mantiene una orden de busca y captura de Alviz, por "fraude" y "crimen organizado", delitos que supuestamente habría cometido en El Salvador. Pero, además, el jefe de la Interpol en El Salvador, Angel Barquero Silva, según recoge el periódico salvadoreño La prensa gráfica , asegura que también se encuentra en busca y captura el pacense Antonio Martínez, igualmente por su supuesta implicación en la citada trama. No obstante, este diario comprobó ayer que no existe un requerimiento de Martínez por parte de la policía internacional y que la orden de busca de Alviz está anulada por la Corte Suprema del país centroamericano.
LOCALIZADOS POR ESTE DIARIO Mientras que diversas fuentes policiales y de la Fiscalía General de la República de El Salvador, han asegurado a diferentes medios de comunicación del país que el paradero de los dos extremeños se desconoce, y desde la Policía Nacional española advertían este fin de semana que no existían indicios de que Alviz y Martínez hubieran regresado a España, EL PERIODICO EXTREMADURA localizó ayer a los dos en sus respectivos domicilios.
Martínez, que reside en Los Santos de Maimona, declinó hacer declaraciones sobre el tema, mientras que Alviz, que vive en Cádiz, negó rotundamente las acusaciones que se han realizado sobre ellos y aportó varias resoluciones judiciales --del juzgado séptimo de El Salvador y de la Cámara Primera de la Corte Suprema de Justicia-- en las que se indica que la orden de búsqueda fue emitida ilegalmente y está anulada por la Corte Suprema desde mayo de este año.
Los medios de comunicación salvadoreños aseguran que la Fiscalía de San Salvador acusa a Alviz de haber sobornado a diversos altos cargos del Gobierno para hacerse con diversos concursos amañados por valor de 150 millones de dólares.
En este sentido, insisten en que son acusados de adquirir de forma ilícita el proyecto Río Lempa II con el que se pretendía resolver los problemas de agua potable en el Gran San Salvador. Además de los dos extremeños, el fiscal general pidió procesar judicialmente al expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Carlos Perla, su esposa, Ana Coralia Guadalupe Chávez de Perla y al exgerente de Producción, Carlos Herrera. Ellos y otras personas están acusados de negociaciones y asociaciones ilícitas.
En el diario El Mundo se detalla que las investigaciones apuntan a que Antonio Martínez, que era socio de Alviz, pagó con cheques de la empresa del cacereño, Icasur, los sobornos a Perla y Herrera para conseguir a cambio la administración de proyectos.
Existen tres claves en todo este proceso. El proyecto Río Lempa fue adjudicado en 1998 a una Unión Temporal de Empresas (UTE), de la que Icasur formaba parte. Tuvo un coste de 30 millones de dólares y fue financiado con un préstamo del Gobierno español. Un segundo proyecto para crear la reserva más grande de agua del mundo con un coste de 5 millones de dólares, también adjudicado en 1998 a la UTE. Y, la más importante, el concurso para la adjudicación de los servicios de inspección de vehículos de El Salvador --en total ocho ITV--.
Según informes aparecidos en la prensa salvadoreña, la Corte de Cuentas del país sostiene que la exministra de Medio Ambiente, Ana María Majano, que también está siendo investigada, adjudicó el concurso a dos empresas, la de Alviz, Icasur, y la de Antonio Martínez, Inceysa, por un valor de 120 millones de dólares, a pesar de que ninguna de las firmas estaba relacionada con la
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