La estruendosa bronca que se ha vivido en el Congreso de los Diputados este fin de semana es solo el preludio de lo que será la legislatura que ahora comienza. Un periodo en que las derechas van a utilizar todos los medios a su alcance para dinamitar al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, que nacerá el próximo martes con el respaldo del PNV y gracias a la abstención de ERC y EH Bildu.

Todos los medios a su alcance son -como ya han anunciado Pablo Casado y Santiago Abascal en el debate de investidura- ocupar las calles y las plazas, llevar al presidente del Gobierno ante los tribunales y -como ya han empezado a demostrar- la crispación, una actividad en la que están muy entrenados y de la que son auténticos maestros.

No serán estos, no obstante, más que medios, incómodos y desapacibles para la vida política, de mostrar lo que ya se intuía y ha quedado meridianamente claro en el pleno de estos dos días y que es la manera antagónica que tienen las derechas y las izquierdas de entender España, la democracia, la política y, si me apuran, incluso la vida.

Porque este fin de semana se ha visto con crudeza que las derechas conciben España no como una realidad plural sino como un ente uniforme, donde la única disidencia aceptable es la que a ellos les parece bien. Que la democracia tendría, si por ellos fuera, límites que estarían también en lo que a ellos les gusta o consideran tolerable, al igual que la libertad de expresión acabaría donde ellos lo quisieran establecer.

Así que la Constitución, desde su concepción, sería una ley muy restrictiva, que no acogería la disidencia, y la política solo estaría para administrar el día a día y enviar a la Justicia todo aquello y a todo aquel que les desagrade.

Así que cuando se les presenta un Gobierno de coalición de izquierdas, que además plantea el diálogo con los independentistas como vía para intentar resolver el conflicto catalán, se irritan y recurren a la descalificación y al insulto. No admiten la negociación con el discrepante, ni siquiera para ver si hay alguna posibilidad de arreglo, porque para ellos el simple hecho de hablar es sinónimo de ceder.

O no. Porque cuando ellos gobiernan ven las cosas de otra manera. Ahora se han escandalizado, por ejemplo, porque en el acuerdo del PSOE con ERC no se menciona la Constitución y se habla de «marco jurídico-político». Pero no dijeron nada cuando el 14 de septiembre del 2013 en la respuesta del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al entonces president de la Generalitat, Artur Mas, que le había pedido negociar una consulta, Rajoy se remitía a la necesidad de respetar «el marco jurídico que a todos nos protege y a todos nos vincula». Tampoco él citaba expresamente la Carta Magna.

Cuando ellos gobiernan es distinto. Ahora, sin embargo, se trata de deslegitimar por todos los medios un Gobierno progresista, como ya hicieron anteriormente con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero e incluso con los gobiernos de Felipe González, aunque entonces no estuvieran «los comunistas» ni se apoyaran en «los separatistas».