Las refinerías promovidas por Cepsa y Repsol en Huelva y Cartagena, respectivamente, vieron solucionados todos sus trámites ambientales en un plazo de 29 meses la primera y 22 meses la segunda, la mitad de lo que lleva la planta del Grupo Gallardo esperando una decisión. Y es que la tramitación de los proyectos onubense y murciano (ambos denominados ampliación de la refinería ya existente pero que en la práctica significan la creación de una nueva planta al lado de la antigua) ha sido muy distinta a la de la extremeña.

De este modo, la planta de Gallardo comenzó su andadura en la burocracia medioambiental el 9 de junio del 2005. Casi un año después, el 3 de mayo del 2006, Cepsa presentó en Medio Ambiente su proyecto. El 10 de agosto de 2006 sería Repsol la que presentase el suyo. Ambos son muy similares en cuanto a tamaño al de Gallardo, dado que todas producirían entre cinco y 5,5 millones de toneladas de derivados del petróleo --sobre todo gasóleo-- al año.

Ahí se produce la primera gran divergencia. Mientras Medio Ambiente apenas tarda dos meses en iniciar la fase de consultas previas en los casos de las dos grandes petroleras, este mismo paso se tarda en dar 10 meses en el caso de la refinería extremeña. Esto hace que la ventaja inicial de Gallardo en cuanto a tiempos quede reducida a tres y seis meses respecto a Repsol y Cepsa. Pero es que además el ministerio tarda seis meses en trasladar las alegaciones de esta fase a Repsol y Cepsa, mientras que para la refinería extremeña se tardan ocho meses.

De este modo, este paso queda resuelto en el caso de Gallardo el 15 de diciembre del 2006, en el caso de Cepsa en los primeros días del 2007 y en el Repsol a finales de mayo del 2007.

Se entra entonces en la tercera fase: elaboración del Estudio Ambiental, alegaciones, redacción por Industria del expediente completo para la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental y envío de éste al Ministerio de Medio Ambiente.

18 MESES CONTRA CINCO Aquí es donde se produce la mayor diferencia en cuanto a tiempos de resolución. Este trámite se solventa para Cepsa en cinco meses y para Repsol en once, mientras que el mismo tarda 18 meses en el caso del proyecto de Gallardo. Así, la planta de Cartagena entra en Medio Ambiente para la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental en los primeros días de junio del 2007 y la de Huelva en abril del 2008, mientras que la refinería de Gallardo, pese a haber iniciado un mes antes este proceso no entra en el ministerio hasta el 5 de junio del 2008.

Nueve meses más tarde, en marzo del 2008, la refinería promovida por Repsol ya tiene su Declaración de Impacto Ambiental favorable, que se publica en el BOE ese mismo mes, lo que da vía libre al inicio de las obras. En cuanto a la de Cepsa, el trámite se prolonga diez meses y finalmente se le da el visto bueno en febrero de este año.

Por contra, el proyecto de Gallardo lleva en este momento cinco meses de tramitación para la Declaración Ambiental y además, tal y como informó ayer EL PERIODICO, con un anuncio de interrupción de los plazos de tramitación que supone --lo que es ya una evidencia-- que no se va a cumplir el plazo máximo legal de tres meses para cerrar este trámite, y además que no se sabe cuándo se finalizará.

TAMBIEN UN OLEODUCTO Ahora se está a la espera de que Medio Ambiente reciba documentación adicional de Industria, solicitada el 23 de febrero y que, al parecer, tendría que ver con nuevos datos sobre condiciones meteorológicas de la zona donde estará la planta.

El caso resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta que una de las cuestiones que se manejaban como posible causa del retraso es la peculiaridad de que la refinería de Gallardo lleva asociada la construcción de un oleoducto de 200 kilómetros para llevar el crudo desde el puerto de Huelva hasta Tierra de Barros.

Por lógica este no debería ser el problema, puesto que la refinería de Repsol en Cartagena también lleva asociada un oleoducto, de mayor longitud que el de Gallardo (347 kilómetros en total) para llevar los productos refinados y el crudo desde Cartagena hasta Puertollano, y dicha instalación también tiene ya el visto bueno medioambiental, emitido casi simultáneamente a la autorización de la refinería, y por tanto en el mismo plazo récord de 22 meses de tramitación ambiental.Al margen de lo que, al menos en apariencia, supone una diferencia de trato en la tramitación --tal y como afirmó anteayer el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y que fuentes del Ejecutivo regional concretan sobre todo en la actuación respecto a la refinería de Cartagena-- las demoras en el proyecto de Gallardo le pueden suponer un coste añadido en cuanto a su posibilidad de competir.

Esto es así porque las tres refinerías se justifican sobre todo por la necesidad de incrementar la producción española de gasóleo, muy deficitaria y que obliga a España a importar este combustible, y de ahí que en los tres proyectos la mitad de la producción se destine a generar gasóleo (alrededor de 2,2 millones de toneladas por año en cada una de las plantas).

El permiso dado a la refinería de Cepsa hace unos días significa que la petrolera podrá tener su planta lista a finales del próximo año. En cuanto a la de Repsol, cuyo plazo de obras es sensiblemente más largo, la autorización emitida hace un año significa que podrá operar a pleno rendimiento a principios del 2013.

Mientras, para la planta de Gallardo, aunque se estimaba al principio un inicio de actividad en el 2011, los promotores ya se decantaron en sus últimas declaraciones por el 2012. Sin embargo este plazo estaba condicionado a que las obras arrancasen a principios del 2009, lo que en la situación actual significa que realmente no se sabe cuándo podrá empezar a operar.

Desde Extremadura --al margen de las declaraciones de Vara del jueves-- ya se había solicitado agilidad en los trámites pendientes. De hecho, el consejero de Industria, José Luis Navarro, se reunió en octubre pasado con la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Rivera, para pedirle que se eliminasen los "tiempos muertos" que habían caracterizado la tramitación del proyecto, haciendo hincapié en la importancia de esta planta para la región, especialmente por la generación de mano de obra en tiempos de crisis.

Cinco meses después, el proyecto sigue en tiempo muerto , pese a que Rivera se comprometió entonces a actuar con agilidad.