Pese a que se cumple ya medio mes del control total de los incendios aún persiste la duda sobre el terreno quemado. Así, mientras un informe oficial de la Delegación del Gobierno habla de 44.000 hectáreas los últimos balances de la Junta hablaban únicamente de unas 30.000. Las diferencias son sustanciales especialmente en Valencia de Alcántara, donde la cifra salta de las 10.000 hectáreas quemadas de la Junta a las casi 20.000 que ardieron según la Delegación.
Por otra parte, el informe oficial realizado por Tragsa para la Delegación del Gobierno, y que servirá de base a las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente, señala que climatológicamente los incendios se debieron a que durante quince días se mantuvo una combinación fatal: más de 40 grados, viento seco del sureste y baja humedad relativa... sumado a que había en los montes "mucho combustible natural". Este es precisamente el dato en el que el delegado del Gobierno, Oscar Baselga, se basa al asegurar que en la comunidad "ha fallado la prevención".
Además, este informe, que afirma que se quemaron 14.000 hectáreas de uso agrícola y otras 30.000 de medio natural, alerta del riesgo que corren el ecosistema y la economía extremeña si no se actúa de forma inmediata sobre el terreno dañado. Pérdidas en la caza, el turismo, la pesca, la apicultura, la ganadería y la agricultura...sólo en el lado económico.
En la parte medioambiental la cosa no es mucho más alentadora, puesto que hay riesgo de corrimiento de tierras sobre poblaciones y cultivos, pérdida total de recursos naturales en algunas zonas y hasta un grave empeoramiento de la calidad del agua, que incluso podría dejar de ser potable en algunos puntos si no se actúa de inmediato.
