Si toda la actividad que la economía sumergida mueve en Extremadura saliese a la luz el PIB aumentaría de golpe y porrazo más de una quinta parte. Los cálculos realizados por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha estiman que el dinero negro supone actualmente un 20,5% de la riqueza regional: viviendas escrituradas por un valor muy inferior al que se ha abonado realmente, personas que trabajan sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, reparaciones sin factura...., así hasta sumar 3.566 millones de euros durante el 2009.
La economía sumergida ha ido, además, ganando peso progresivamente de forma más que evidente. Así, en la provincia de Cáceres representaba en 1980 un 12% del PIB, un 23,2% en el 2000 y un 25,8% en el 2009, mientras que en la de Badajoz la evolución ha sido similar: desde el 10,6% a un 15,4% y a un 17,1%.
Sin embargo, desde la Agencia Tributaria ponen en duda la exactitud de este tipo de estimaciones. "Por definición, la economía sumergida es algo muy difícil de medir. No puedes partir de datos oficiales, porque precisamente se trata de actividades que no están declaradas", arguyen.
El índice extremeño es, en cualquier caso, algo inferior al contabilizado a nivel nacional, que las últimas estimaciones internacionales situaban en el 23,3% del PIB. "Estos cálculos pueden haberse quedado cortos dada la intensidad de la recesión durante el pasado año", explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha, que explica que "históricamente, cuando una empresa no puede hacer frente a sus pagos, lo primero que deja de abonar es aquello que le es exigido con menor intensidad. Y eso son los impuestos, no las nóminas, los préstamos o las deudas a los proveedores". A juicio de este experto, si las empresas cuentan con asesoramiento, "es muy difícil que el fraude salte , lo tienen que hacer rematadamente mal", una situación que, añade, "crea una cierta sensación de impunidad".
En este sentido, Mollinedo lamenta que el perfil de contribuyente sobre el que investiga la Agencia Tributaria sea "muy modesto: emprendedores que han iniciado la actividad, pensionistas a los que su entidad le ha hecho una transacción del fondo de inversión y no lo sabían o el ama de casa que ha recibido una ayuda de la comunidad autónoma y no la ha puesto en su renta. Sin embargo, los fraudes de las grandes fortunas, que tienen detrás un ejército de asesores fiscales, no se investigan. Se va a lo fácil".
En el organismo recaudador, por contra, replican que en la última década han redoblado sus esfuerzos para combatir la defraudación de impuestos, haciendo especial énfasis en sectores en los que, como el inmobiliario, se considera que la bolsa de dinero negro es mayor. "Entre el 2004 y el 2008 se han duplicado los ingresos procedentes de la lucha contra el fraude, de cuatro mil millones de euros se ha pasado a ocho mil. Y eso sí son datos oficiales", inciden.
Aunque el año pasado se ralentizaron considerablemente las operaciones de compraventa de inmuebles, Mollinedo explica que el sector de la construcción y los servicios inmobiliarios "sigue en el ránking como el más defraudador, por la práctica asentada en nuestro país de que cuando alguien escritura una vivienda, un terreno o una finca lo hace por menos precio del que realmente ha pagado". También escapan al control del fisco los alquileres sumergidos , que de acuerdo a los datos de Gestha son más de tres cuartas partes de los que hay en la comunidad autónoma (los irregulares serían unos 25.000 en total).
Tras las actividades inmobiliarias aparecería como mayor bolsa de fraude la que genera el sector servicios, "sobre todo los que se prestan a otras empresas, la hostelería y el turismo". A continuación figuran, por este orden, la industria y la agricultura. En el caso de esta última actividad, Mollinedo explica que las ilegalidades se concentran "fundamentalmente en la contratación irregular de mano de obra". Y es que dentro de la economía sumergida hay que diferenciar, por un lado, el fraude fiscal, que son los impuestos defraudados y, por otro, el laboral, que es cuando dejan de pagarse las cuotas a la Seguridad Social (sobre todo trabajadores sin contrato y los dados de alta con una categoría inferior a la suya o por menos horas de las que cumplen).
Los técnicos de hacienda se plantean como objetivo disminuir la economía sumergida española en diez puntos del PIB, lo que situaría a España, dicen, en la media de países europeos. Si se alcanzase esa meta, en Extremadura se obtendría una recaudación adicional de 638 millones de euros anuales, 422 de ellos en impuestos y 216 en cuotas de la Seguridad Social. A nivel nacional el importe recuperado sería de unos 38.500 millones de euros.
