La Asociación de Editores estima que el sistema extremeño infringe los principios esenciales del sistema educativo y la calidad de la educación; y lesiona el derecho de terceros, como son las librerías, a fijar libremente el precio de los libros de texto.
La Administración regional defiende que no se vulnera ningún derecho, que su modalidad de préstamo se encuentra prevista y admitida en la Ley de Propiedad Intelectual, y que es indiferente que el precio lo paguen los padres o la Administración
