La sentencia de un juzgado de Valladolid que ordena la retirada de crucifijos de las aulas y espacios comunes de un colegio ha abierto nuevamente el debate sobre la utilización de símbolos religiosos en un Estado como el español que se define en su propia Constitución como aconfesional.

La mayoría de las voces que se pronunciaron ayer sobre este asunto están a favor de eliminar los crucifijos de los colegios, entre ellas la de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Freapa) de centros públicos; e incluso la consejera de Educación, Eva María Pérez, subrayó que su retirada se debe producir de una "manera natural", aunque avanzó que esta cuestión la dejará en manos del Consejo Escolar, como máximo órgano de participación educativa.

Este es el mismo planteamiento, aunque con distinto fondo, que defienden los principales partidos políticos de la región, quienes además pretenden abordar este asunto con la intención de que no se abra una guerra.

Desde el Grupo Socialista, el portavoz de Educación, Antonio Gómez, se posicionó a favor de su retirada atendiendo al carácter aconfesional del país y para evitar que haya una "preponderancia" de una confesión sobre las demás. Gómez aseguró, no obstante, que sea cual sea la decisión del Consejo Escolar ningún miembro de la Junta de Extremadura irá a un centro educativo para instar a la retirada de los crucifijos.

Por el Grupo Popular, César Díez Solís dijo no entender que un crucifijo pueda molestar en una comunidad en la que los padres de los alumnos se decantan mayoritariamente por la educación religiosa cristiana, y en un país en el que la simbología religiosa siempre se ha tratado con respeto, y que además tiene una importante presencia en el calendario de festividades, por lo que pidió que se actúe con "sentido común".

Mientras, desde diferentes asociaciones extremeñas de padres y profesores se abogó por la retirada de crucifijos de las aulas, algo que ya se hiciera en abril pasado, y no sin polémica, en el colegio público General Navarro de Badajoz, cuya dirección, a petición de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa), retiró los crucifijos que aún quedaban en las aulas.

VOCES A FAVOR Tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Valladolid, pionera en la materia, las voces a favor de la retirada no tardaron en escucharse, también en Extremadura. La consejera de Educación advirtió que si normalmente respeta las sentencias, "quizás un poco más esta", y reconoció que la comparte en el sentido que indica que "no se puede dar la sensación a ningún alumno de que hay una confesión religiosa que prevalece por encima de las demás".

La Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Freapa) de centros públicos, a través de su presidente, Rafael Delgado, se mostró partidaria de la "retirada progresiva" de la iconografía religiosa de los centros sostenidos con fondos públicos, "por respeto a las personas y a las creencias de cada uno", algo que, recordó, vienen defendiendo hace años.

Según Delgado, en los IES públicos extremeños "prácticamente no hay" iconografía, y ya solo existe en un 20 % de colegios de la región "porque se ha ido retirando a iniciativa personal del profesorado y los equipos directivos"; y aunque insistió en que son partidarios de la retirada progresiva de la que queda, consideró que la "imposición por decreto no sería adecuada".

También el sindicato de trabajadores de la Enseñanza de Extremadura (STE-EX) reclamó ayer a la Consejería de Educación la retirada de toda la simbología religiosa de los centros educativos y de todos los edificios públicos de la comunidad, al tiempo que animó a los padres que deseen reclamar este mismo derecho a presentar denuncias e instó al profesorado a que vele por el cumplimiento de los derechos de los menores y luche por la retirada de cualquier simbología religiosa en los centros de Extremadura.