La respuesta de la Junta ante la actuación de la enseñanza concertada no se ha hecho esperar. El director general de Calidad Educativa, Antonio Tejero, aseguró ayer que la movilización convocada en el sector de la enseñanza concertada es "una medida preventiva e injustificada" que "mete presión" a la Administración educativa, ya que el proceso de suscripción y modificación de conciertos "apenas se encuentra a la mitad".

Tejero explicó los motivos del rechazo a esta protesta, destacando que la reducción del número de alumnos en algunas zonas es un hecho que afecta tanto a la enseñanza pública como a la concertada y que a pesar de todo, "en los últimos años han aumentado tanto los conciertos educativos como el presupuesto, al mismo tiempo que se intenta favorecer el derecho a la elección de centro".

El descenso de la natalidad, según el director general, ha llevado a que "también en este curso" se haya tenido que proceder a la supresión o fusión de centros públicos con escasa demanda, para crear otros nuevos en zonas con una fuerte solicitud de plazas. Así, "curso a curso, se realiza el ajuste necesario de las unidades concertadas ya sea para aumentarlas o disminuirlas", explicó. Y en estos momentos, las previsiones de la Junta pasan por la supresión de dos unidades concertadas de Infantil, ocho en Primaria y una propuesta de cambio de Secundaria a Infantil, manteniendo los conciertos del año anterior para Formación Profesional.

Así, aseguró que en Madroñera, se está estudiando "incluso la fusión de centros públicos", lo que demuestra que "no es ninguna agresión hacia la enseñanza concertada". Y también señaló una situación parecida en Miajadas, que ha vivido "un importantísimo descenso del alumnado, que apenas llena cuatro unidades". En este caso, dos centros públicos ya ofertan tres unidades y por tanto, "solo cabe concertar una de ellas, aunque si fuera necesario una quinta, la Junta no tendría problemas".