Los extremeños pagarán un millón de euros más por la factura de la luz este año debido a la subida del 1,5% de la tarifa doméstica aprobada por el Gobierno central. Cada ciudadano verá incrementado una media de dos euros anuales el coste por el consumo eléctrico, lo que unido a los algo más de 500.000 clientes particulares que tienen Sevillana-Endesa e Iberdrola en la región supone el pago de un millón de euros más por este concepto, aunque las compañías niegan que este incremento en el coste del suministro eléctrico vaya en beneficio propio.
Por lo que se refiere al futuro de estas tarifas, el coautor del libro La Regulación del sector eléctrico , Borja López-Jurado, explica que el efecto que la liberalización de la energía puede tener para los consumidores domésticos sólo será relevante a medio plazo, una vez que las empresas de suministro comiencen a ofrecer servicios asociados a los de gas y electricidad para captar pequeños clientes.
Este profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra tiene claro que "de momento nada parece indicar que las empresas que suministran a las distintas zonas vayan a emprender una guerra de precios o de servicios asociados para captar al cliente doméstico".
COMPETENCIA REAL
En su opinión, sólo si se llega a una auténtica competencia se obligaría a las compañías a mejorar las condiciones económicas de la actual tarifa o a ofrecer servicios complementarios al de suministro de gas y electricidad como pueden ser servicios urgentes (cerrajería, fontanería, cristalería, etc.) o planes multiservicios para los hogares.
El profesor López-Jurado considera que las tarifas actuales, pese a la subida del 1,5%, han bajado en torno al 30% en términos reales en los últimos años.
A su juicio, uno de los efectos indirectos de la liberalización energética "es el fomento del asociacionismo entre consumidores domésticos para captar eventuales ventajas de la posibilidad de cambio de compañía".
Desde el 1 de enero, en torno a 21 millones de hogares y pequeñas empresas podrán elegir suministrador de gas y electricidad, medida con la que España se adelanta cuatro años y medio a la fecha fijada por la Unión Europea para la liberalización total del gas y la electricidad.
