Esta experta en derecho financiero y tributario considera que el fraude fiscal es, ante todo, un problema de falta de concienciación tanto de los empresarios como del consumidor final. Sin embargo, aunque reconoce que muchas pymes y autónomos desarrollan en ocasiones su actividad al margen del sistema jurídico, cree que la labor de control de la Agencia Tributaria debe centrarse en las grandes empresas, ya que son las que concentran un mayor volumen de fraude.

--¿Coincide con las conclusiones del estudio realizado por los técnicos de Gestha?

--En líneas generales estoy de acuerdo con los datos estadísticos que proporciona el informe. Es cierto que existen muchos profesionales que deciden realizar sus trabajos sin facturación. La pregunta "¿Con o sin IVA", por ejemplo, es muy habitual, y ahí está la raíz del problema, que se realizan estas actividades fuera del sistema jurídico y, por tanto, no están sometidas a tributación. En cualquier caso, el fraude fiscal entre los pequeños empresarios y autónomos, como indica también el estudio, supone una parte muy pequeña del total defraudado. Está cuantificado en menos de un 9%. Por tanto, intentar canalizar toda la maquinaria de la Agencia Tributaria en este colectivo sería un error. Hay grandes empresas que a través de personas interpuestas o entidades radicadas en paraísos fiscales canalizan sus beneficios fuera del país y así consiguen tener una presión fiscal muchísimo menor. En definitiva, se trata de una realidad que existe, pero cuyas consecuencias recaudatorias no son tan relevantes como pueda parecer.

--¿Cree que se puede hablar de fraude masivo o estructural entre los pequeños empresarios, como apunta el informe?

--No, no creo que llegue a tanto. No considero que este fraude sea algo generalizado o masivo, en términos de que siempre se actúe así. Seguramente bastantes empresarios o profesionales habrán cometido en algún momento de su carrera un fraude de este tipo, pero creo que la generalidad de los empresarios, en la mayoría de sus actividades, actúan conforme a derecho y cumplen con el ordenamiento jurídico tributario.

--¿Cuáles son las principales vías de las que se valen los pequeños empresarios para defraudar?

--Además del IVA, mediante el incremento de los gastos. Resumiendo mucho, cuando estos profesionales tienen que hacer su declaración de la renta tributan por la diferencia entre sus ingresos y sus gastos. ¿Qué sucede?, que se incrementan los gastos, incluyendo algunos que realmente no están ligados a su actividad profesional, con lo que minoran sus beneficios y tributan menos. El ejemplo típico es el del teléfono móvil, donde se puede incluir solo la parte del gasto relacionada con mi actividad profesional o también la que tiene que ver con mis relaciones personales. Eso se puede extrapolar a cualquier otro tipo de consumo: luz, agua, utilización de un vehículo, etcétera.

--¿Está la crisis fomentando este tipo de fraude?

--Por supuesto que se está potenciando. Cuando existe menor poder adquisitivo y menor demanda, como sucede ahora, pero hay mayor competitividad, ¿de qué forma compiten esos pequeños empresarios?, pues intentando reducir como sea el precio final del producto. Y lo hacen intentando obviar el pago de tributos y quedándose fuera de la legalidad. Pero creo que este es sobre todo un problema social y de concienciación, aunque no cabe duda de que la coyuntura facilita que haya un mayor fraude. El trabajo está en que todos nosotros, cuando contratemos un servicio o adquiramos un producto, reclamemos una factura y en ella podamos ver el pago del IVA. Porque eso nos permitirá luego defender nuestros propios intereses. El consumidor final tiene que concienciarse de que debe pagar impuestos cuando adquiere un bien o un servicio y así, entre todos, podríamos reducir ese fraude.

--¿Considera que está bien planificada la lucha contra el fraude?

--Como dije antes, quienes concentran la mayor cuantía del fraude fiscal son determinadas sociedades multinacionales. Las pymes no causan un perjuicio económico tan importante a la Hacienda, por eso creo que la actuación de la Agencia Tributaria debería centrarse en las grandes empresas. Estamos en un momento económico en el que el sector público no va a poder proporcionar más puestos de trabajo a las personas demandantes de empleo y progresivamente irá disminuyendo la cifra de trabajadores en la Administración. Por este motivo, tenemos que promocionar el emprendimiento, facilitar que una persona física se decida a montar su negocio y a crear puestos de trabajo. No podemos concentrar la inspección tributaria en este tipo de personas. Determinados niveles de fraude van a existir siempre entre las pymes y los autónomos y, mientras sean razonables, pueden ser asumidos. Aunque suene mal, tiene que ser así.