Una vez reanudada ayer la circulación de camiones al quedar prácticamente neutralizados los piquetes de transportistas, afloraron las secuelas económicas y laborales. Las grandes empresas paralizadas durante dos o tres días por falta de suministros pretenden ahorrarse las nóminas de miles de trabajadores y trasladar los costes a las arcas públicas mediante despidos temporales. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho advirtió ayer de que denegará el pago de la prestación de desempleo a los afectados durante los días de parón al considerar injustificada la "causa mayor" que alegan las empresas.
A medida que las fábricas iban recuperando el ritmo habitual de producción, se sucedían los anuncios de expedientes de regulación de empleo para suspender los contratos de los trabajadores durante la inactividad forzosa.
La ley deja claro que fuerza mayor son "hechos extraordinarios imprevisibles o inevitables que imposibilitan el desarrollo del trabajo", como catástrofes naturales o incendios. Corbacho fue tajante al asegurar que "cualquier persona con sentido común ve que eso no es serio", en referencia a los expedientes presentados por el paro de transportistas. "Si tienen otro problema --afirmó-- están en su derecho de pedir un expediente, pero no por el hecho de que durante 24 horas carecieran del suministro de unas piezas".
En el sector del automóvil, el paro forzoso se produjo en un momento en el que los concesionarios tienen mucho estoc por el desplome de las ventas, mientras la fábrica de Seat de Martorell recuperó ayer la actividad con la llegada de camiones.
