El 43 por ciento de las quejas formuladas en el último año por alumnos sobre el trato recibido por sus profesores llegaron hasta la justicia ordinaria, mientras que hace cuatro años este índice apenas rozaba el dos por ciento.

Los datos, dados a conocer ayer por la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO, corroboran, según el sindicato, la "indefensión" de los docentes ante este tipo de casos. La abogada de la federación, Carmen Perona, presentó ayer el trabajo La responsabilidad jurídica en los centros de enseñanza públicos y privados , que recopila sentencias sobre este fenómeno y recomienda "pautas de conducta" a los profesores para evitar ser objeto de denuncias.

Pese a todo, esta letrada puntualizó que tan sólo un cinco por ciento de las denuncias judiciales planteadas por alumnos o por sus padres contra profesores prospera, ya que el 95 por ciento restante resultan finalmente "falsas" o sin fundamento jurídico.

Alertó, no obstante, de que a pesar de que la mayor parte de estas denuncias son desestimadas, los denunciados sufren en un gran número de casos consecuencias derivadas de un proceso de este tipo, como estrés y bajas por depresión.

Advirtió de que este contexto laboral para el profesorado se debe en gran medida al hecho de que la Administración no proporciona la información y la formación necesaria para que estos trabajadores no incurran en comportamientos legalmente punibles.

Aludió al ejemplo de un reciente juicio, en el que ella misma actuó como defensora de un profesor denunciado, en virtud del cual se determinó que quitar un teléfono móvil a un alumno en clase y retenerlo durante más de veinticuatro horas constituye una "apropiación indebida" y, por tanto, un hecho delictivo. Abundó en que, en este caso concreto, el juez dictó una condena contra el acusado por un delito de "enriquecimiento injusto", dado que se incautó del teléfono del escolar, aunque no retuvo la tarjeta interna del aparato.

"Los profesores deben saber qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer", reflexionó esta abogada, quien también puso el acento en la importancia del papel de los padres en la educación de los jóvenes como una de las claves para evitar el comportamiento problemático del alumno en el ámbito escolar.

En cuanto a las repercusiones de este tipo de conductas han tenido un desenlace desigual. En marzo, el padre de un alumno del instituto Serrallonga de Blanes (Selva) insultó e intentó dar un puñetazo al profesor de Tecnología de su hijo, tras discutir con él, por unas notas. Días después, un tribunal le impuso una multa de 600 euros en un juicio de faltas en el que admitió su comportamiento violento. La sentencia fue considerada ejemplar por su rapidez.