España vivirá los próximos 15 días bajo las restricciones del estado de alarma para frenar el vertiginoso avance de una pandemia cuyo epicentro empieza a barrer Europa. Qué limitaciones concretas acarreará esa norma es algo que no se hará oficial hasta que el Consejo de Ministros valide hoy el decreto, aunque sin lugar a dudas serán drásticas. Una de ellas, que el Gobierno ultima, es el cierre de todo el espacio aéreo y de los puertos.
Además de restricciones contundentes a la movilidad, se esperan medidas directas para el acopio de material sanitario y movilización de las Fuerzas Armadas. La Moncloa ha llegado a la conclusión de que estamos todavía en una fase inicial y que los contagios aumentarán de forma exponencial en los próximos días. De momento, ayer pareció amanecer un país distinto: el salto en los contagios (1.000 más que el día anterior) hizo aflorar lo mejor y lo peor de una sociedad en shock: mientras una red de solidaridad espontánea llevaba comida a casa de los ancianos, miles de ciudadanos salían de Madrid quizá guiados por el miedo.
EL ANUNCIO / El Gobierno venía sopesando declarar el estado de alarma durante toda la semana. Aunque no lo había anunciado, los informes estaban sobre la mesa y el equipo del presidente tenía avanzado el trabajo por si finalmente había que tomar la decisión. Los datos de contagio del viernes y las perspectivas de los expertos científicos fueron inapelables. La rueda de prensa que debían dar el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se canceló. La Moncloa anunció una declaración institucional del presidente. No había más dudas. Iba a declarar el estado de alarma. Pasadas las tres, Pedro Sánchez compareció para confirmar que hoy a las diez y media el Consejo de Ministros aprobará el decreto. Como es preceptivo, trasladó esta información a las presidentas del Congreso y el Senado, Meritxell Batet y Rosa Lluch.
Para entonces, el clima social y político había cambiado. En las calles, los restaurantes y los bares se vieron obligados a cerrar. Un goteo constante de empresas empezó a anunciar expedientes de reducción temporal de empleo (ERTE). Los parques infantiles quedaron precintados. Algunas ciudades, desiertas, parecían de serie distópica.
En la arena política, la voz de quienes empujaban al Gobierno a tomar medidas más contundentes sonaba cada vez con más fuerza. Vox y Cs pidieron la declaración de la alarma. Los de Santiago Abascal desde la crítica frontal a Sánchez; los de Inés Arrimadas, ofreciendo su colaboración para «recuperar el tiempo perdido». Pablo Casado fue muy crítico. Aunque el jueves no pidió que se decretase el estado de alarma y se mostró favorable a aplicar la ley de seguridad nacional, después de escuchar a Sánchez, el líder del PP salió ayer directo a confrontar. Acusó al presidente de cometer «graves negligencias» y de ir «a remolque de los acontecimientos», informa Pilar Santos.
LOS MOTIVOS / En el Gobierno defienden que las medidas han sido siempre basadas en evidencias científicas. Los socialistas entienden que no hubo motivos técnicos, por ejemplo, para haber anulado las manifestaciones del 8-M, pero saben que la oposición, pasado lo peor de la crisis, les exigirá responsabilidades por ello. Ahora, creen, el margen de crítica es más estrecho, porque en casos de catástrofe la ciudadanía premia la unidad.
De momento, la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat queda suspendida. El jefe del Ejecutivo se reunirá por videconferencia hoy por la tarde con los presidentes autonómicos para evaluar la situación e informarles, aunque ayer ya hubo contactos telefónicos.
Y si la política se mide en tiempos de crisis, también la sociedad. La declaración de Sánchez anunciando el estado de alarma despertó reacciones contrapuestas. Ciudadanos anónimos se organizaron en redes de solidaridad para ayudar a los más débiles: personas sin hogar y mayores con dificultades de movilidad. Les hicieron la compra. Les dejaron a la puerta de casa lo que necesitasen. Les ayudaron en cuanto pudieron.
Y sin embargo, el anuncio del presidente, que sorprendió incluso en sus propias filas al no concretar las medidas a tomar y dejar la declaración de alarma para el día siguiente, también desató el nerviosismo. Madrid registró una gran salida de personas que decidieron marcharse de la capital, primer foco de contagio en España, contraviniendo todas las recomendaciones de las autoridades. Las carreteras hacia Andalucía, la Comunidad Valenciana y Murcia fueron las más concurridas. A principios de semana ya se habían marchado, también, buena parte de los estudiantes universitarios a sus ciudades de origen, como si estuvieran de vacaciones y sin medir el potencial contagio que esto implica.
LA MOVILIDAD / Esa circulación no será posibles a partir de hoy si el Gobierno incluye en el decreto de alarma una restricción a la movilidad, como todo apunta que hará. Sánchez no confirmó en qué zonas podría producirse, pero sí avanzó que esta medida implicará la movilización de recursos económicos y sanitarios, públicos y privados, civiles y militares, para frenar la crisis «con la máxima contundencia».
Esta medida supone cercernar algunas libertades recogidas en la Constitución. El artículo 116 de la Carta Magna y la ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio permiten que ante catástrofes naturales o crisis sanitarias el Ejecutivo pueda restringir la circulación o permanencia de personas en determinadas áreas; practicar requisas de todo tipo de bienes; intervenir y ocupar empresas; racionar el uso de servicios públicos o consumo de artículos; y tomar medidas para garantizar el abastecimiento. España entra en la dimensión desconocida.
