En Extremadura hay, según los datos de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de España (CAVE), casi 33.000 viviendas vacías, de las que cerca de 4.000 están en la ciudad de Cáceres y más de 5.000 en la capital pacense, mientras que en Mérida el censo de casas sin habitar ronda las 2.800. Según Julio Cantero, presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura (Cavex), esta situación es en gran medida achacable a la especulación de quienes compran "no para vivir o alquilar, sino para pegar un pelotazo".Para hacer frente a la retención de viviendas, que se convierte en problema cuando a esta gran cantidad de inmuebles fuera del mercado se une una subida desorbitada del precio de la vivienda, el Gobierno central puso en marcha a finales del año pasado una medida, contemplada en la reforma de la Ley de Haciendas Locales, que preveía que los propietarios de casas vacías pagarían de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta el 1,65% del valor catastral de la vivienda, mientras que si esta propiedad se ponía en el mercado el tipo máximo que se le podría aplicar sería del 1,1%.Hasta ahora, sólo del Ayuntamiento de Cáceres ha anunciado que utilizará esta posibilidad legal, si bien quedándose muy lejos del máximo autorizado, ya que las viviendas vacías pagarán el 0,75%, frente al 0,49% de las ocupadas.CAUTELA DE LOS VECINOSLos vecinos han reaccionado con cautela ante esta medida. Así, el presidente Cavex se mostró de acuerdo en que hay que hacer algo para que las casas vacías se ocupen, "bien entrando en el mercado de alquileres o llegando a acuerdos con los propietarios para que, a través de la Administración, las arrienden a un precio justo para ponerlas a disposición de quienes tienen poca renta".Cantero comentó que la impresión es que el continuo incremento del valor de las viviendas "tiene mucho de especulación". A su juicio, la entrada en vigor del euro, al hacer aflorar "mucho dinero negro" no ha hecho más que agravar la situación.Desde la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE), su secretario general Javier Rubio se mostró mucho más crítico. Según apuntó "lo primero que hay que plantear es cómo se va a hacer el censo de viviendas vacías", y agregó que la Ley de Arrendamientos Urbanos ya contemplaba este censo, que se usaría para fomentar el alquiler "no mediante penalizaciones, sino a través de desgravaciones", pero esta disposición no se aplica por ser inviable.A su juicio, un incremento del IBI, al margen de perseguir únicamente un afán recaudatorio, podría ocasionar múltiples perjuicios. Según Rubio, en Extremadura la política de vivienda de la Junta está poniendo en el mercado viviendas protegidas que son adquiridas por jóvenes o gente con pocos medios, y la compra en el mercado libre se ve favorecida por los bajos tipos de alquiler."Si se penaliza la vivienda vacía, ¿se penalizará la segunda residencia? ¿y a la gente que trabaje en otra ciudad y vaya a su casa los fines de semana? ¿y a los emigrantes que tienen su casa en nuestros pueblos para venir en verano? ¿y a los jóvenes que la compraron y están montándola poco a poco para emanciparse cuando puedan?", se preguntó el responsable de la UCE, y agregó que "es una medida sin pies ni cabeza, que, además, no tendrá incidencia en la oferta y la demanda".