"Ya no podemos más". Los agricultores y ganaderos llevan varios años denunciando abusos en los márgenes comerciales, pero ahora la crisis ha terminado de asfixiarles. Es por ello que ayer decidieron salir a la calle para exigir que se cambie la ley con objeto de evitar que, como aseguran que ocurre ahora, estén produciendo por debajo de costes mientras que los consumidores siguen pagando hasta cuatro, cinco o incluso más veces por sus productos.
"Alguien se está quedando con el dinero" denuncia hasta la saciedad el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas (en la foto). Como él, los principales dirigentes agrarios de Extremadura se sumaron ayer a la manifestación celebrada en Madrid, tras el paro agrario que tuvo lugar el viernes. Su principal reivindicación: un cambio de la legislación que permita fijar unos precios mínimos y justos para los productos agrarios. De momento, denuncian los productores, los precios que ellos perciben por sus productos siempre han disminuido muy por debajo del Indice de Precios al Consumo (IPC) de los alimentos y bebidas no alcohólicas --ver gráfico-- y, además, este año la caída que padecen es mucho superior.
"Nosotros, al contrario que la mayoría de los trabajadores, lejos de aumentar en ingresos a principios de año --al menos, por la actualización del IPC que suele aplicarse a la mayoría de los salarios--, vemos cómo se reduce lo que percibemos por nuestros productos", se queja Bibiano Serrano, máximo representante de APAG Extremadura Asaja. Es por ello que define a los fondos europeos que reciben los agricultores como "primas compensatorias por pérdida de renta" y "no ayudas o subvenciones", ya que, a su juicio, "no se trata de apoyar nuestra producciones, sino de impedir nuestra ruina".
Una ruina que, sin embargo, Serrano asegura que ya se está produciendo. Son muchos los sectores, afirma, que llevan ya tiempo produciendo por debajo de costes y como ejemplo esta misma temporada cita algunos como la aceituna de mesa (que se ha vendido a entre 0,45 y 0,48 euros el kilo, pese a que su producción cuesta unos 0,55 euros por kilo), los cereales (con un coste de unos 0,15 euros por kilo frente a los 0,12 de venta) o el arroz (0,24 euros de inversión frente a 0,20 de beneficio).
Esta situación resulta especialmente indignante cuando se observan los precios de los productos en el mercado. Los tres productos citados antes no están entre los que cada semana analiza el Observatorio de Precios del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, pero sí otros como la patata --cuyo precio en destino multiplicó por siete el de origen, según el último dato disponible-- o la naranja --que cuesta más de seis veces más en las tiendas de lo que se paga al agricultor--.
¿Dónde está el dinero?
"Sabemos que hay unos pasos intermedios y que algunos productos (los ganaderos, por ejemplo) requieren ser transformados con el consecuente coste que ello implica, pero hay casos exagerados", denuncia Huertas que añade que "máxime cuando, en productos como las frutas, desde las cooperativas ya se los estamos sirviendo preparados e incluso nos hacemos cargo del transporte hasta el punto que determina la plataforma comercial". Ante esta situación, no puede sino preguntarse "¿quién se está quedando con el dinero?".
Una cuestión que surge en un momento especialmente crítico para los agricultores y ganaderos, por el alto nivel de incertidumbre que hay en torno a la Política Agraria Común (PAC). "Se está tendiendo a una desrregulación del mercado y a poner cada vez más dificultades a los agricultores --reducciéndoles las ayudas y, además, poniéndoles trabas, como el uso de ciertos fitosanitarios--, mientras no se protegen sus productos frente a los de otros países que, por ejemplo, no están sujetos a esas normas.
Es por ello que el sector agrario pide medidas urgentes para evitar que, como hasta ahora, los productores tengan que asistir atónitos a esas estadísticas que les muestran cómo se encarecen sus productos mientras ellos sufren pérdidas cada vez más insoportables. "Lo que pedimos no cuesta dinero, es simplemente que se cambie la ley para que podamos vender aquí nuestros productos y a precios justos", sentencia Huertas.
