El Estatuto de los Expresidentes de la Junta de Extremadura tendrá que esperar. Así se desprende de la diferencia de criterio que mantienen al respecto el Partido Popular y el PSOE a pesar de que hace apenas un año y medio suscribieron un acuerdo político para que esta iniciativa fuese una realidad nacida del consenso.
Corría el mes de octubre del 2003 cuando populares y socialistas plasmaban el denominado Acuerdo Político sobre las Instituciones, suscrito por Ramón Ropero y Francisco Fuentes por parte del PSOE y por Javier Casado y José Antonio Monago por el PP. Este pacto, al que tuvo acceso este diario, incluía tres puntos: la liberación de diputados, una tabla orientativa de sueldos para concejales y alcaldes y la aprobación del Estatuto de Expresidentes, que permitiría la aprobación de un salario y otros beneficios para exmandatarios.
En este último apartado se acordaba "que el Partido Popular de Extremadura presente durante el próximo periodo de sesiones una proposición no de ley". El objetivo era "garantizar que los presidentes de la comunidad autónoma (...) puedan atender sus necesidades personales y políticas con la dignidad y decoro que corresponden a las funciones ejercidas".
Sin embargo, este proyecto, que debería de haberse materializado en el primer semestre del 2004, nunca se presentó.
Puntos de vista
El portavoz socialista en la Asamblea de Extremadura, Luciano Fernández, asegura que en el pacto político "queda claro que es una iniciativa que no nos corresponde". Fernández insiste en esta línea y recalca que "ni hemos pedido que se haga ni lo vamos a pedir" porque "no está en nuestro orden del día y no tenemos nada que ver con ello". Asimismo, afirma que la propuesta nació del PP y que, por lo tanto, los populares "tendrán que saber cómo cumplen el acuerdo".
Por su parte, el portavoz del PP, Javier Casado, no está de acuerdo porque "esta propuesta vino del PSOE" y los populares la aceptaron porque les parece "razonable" que se regule esta figura. El problema es, según Casado, que tomando como base los estatutos de este tipo que ya están vigentes se abre un gran abanico de posibilidades con grandes diferencias en los salarios a percibir, los beneficios sociales de los cónyuges o el periodo de vigencia de las compensaciones. Por eso, dice, se puso en contacto con el PSOE para que le presentase una propuesta concreta que posteriormente el PP trasladaría al Pleno. "Y nunca más se supo", apostilla.
Actualmente hay siete comunidades que han regulado esta figura, como son Cataluña, Andalucía, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja, mientras que en Murcia está previsto que se apruebe en esta legislatura. El salario oscila entre el 60% y el 80% del sueldo, y también hay diferencias en su duración. A la mayoría de los expresidentes se les asigna, además, una oficina con medios materiales y humanos para que pueda trabajar.
