El fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, declaró ayer a EL PERIODICO que el estado de alarma "es constitucional". Conde-Pumpido explicó que era la mejor salida jurídica para poner fin a la situación de "calamidad pública" que habían provocado los huelguistas al "paralizar la prestación de un servicio público" como es el derecho a volar y obligar a los controladores a volver a sus puestos de trabajo. El decreto del Gobierno puede ser impugnado por los controladores ante la sala tercera del Tribunal Supremo. Sin embargo, Conde-Pumpido está seguro de que el alto tribunal lo refrendará, ya que fue una medida "proporcionada" ante una situación que "afectaba a multitud de personas".
