El Estado Mayor de la Defensa (Emad), cuyo responsable es el almirante general Antonio Moreno Barberá, desmintió ayer implícitamente al ministro de Defensa, Federico Trillo, al reconocer que la Agencia de Mantenimiento y Abastecimiento de la OTAN (Namsa) se limita a pedir los certificados de los aviones que alquila, pero no realiza la "la revisión de las condiciones técnicas de todas las aeronaves", contra lo que dijo el ministro tras el accidente del Yak-42 ucraniano en el que perecieron los 62 militares españoles y los 12 tripulantes.

Un avance del informe que ayer solicitó el ministro al Emad señala que Namsa exige para cada vuelo los certificados de aeronavegabilidad y de operador en regla, así como los seguros de la aeronave y de "pasajeros, si los hubiera". El informe añade que la agencia de la OTAN contrata a través del intermediario británico Chapman Freeborn con cinco compañías, entre las que figura la ucraniana Air Mediterranean con aviones Yak-42. Las otras cuatro son una rusa, otra bielorrusa, la egipcia Midwest Airlines, que dispone de Airbus 310 y la portuguesa Euroatlantic.

Las compañías cumplen los requisitos de seguridad establecidos en la normativa de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) y, según el informe, incluyen un seguro en todos los vuelos de 75.000 dólares por pasajero. El Emad explica que Namsa, en contacto con el intermediario británico, ofrece el avión más adecuado a cada vuelo y "formaliza la petición" cuando el Estado Mayor Conjunto aprueba el programa y el precio.

Pero en ningún punto de la información adelantada ayer por el Emad se hace referencia a la revisión de las condiciones técnicas de los aviones a la que aludió el ministro Trillo. De hecho, la agencia de la OTAN se limita a verificar que los aviones tengan la documentación en regla y no entra a supervisar los aparatos con técnicos propios ni a evaluar su mantenimiento ni la idoneidad de sus tripulaciones. La Alianza se fía, en todo caso, de las certificaciones de la OACI.

El informe asegura que muy pocas compañías están dispuestas a operar en zonas de conflicto por el riesgo de recibir impactos de armas, por las condiciones de los seguros especiales y porque en Kabul firman un documento eximiendo de responsabilidad de cualquier accidente al mando militar de la zona de operaciones.