La derogación parcial de la LOCE ha dejado flecos de inseguridad que aún no han sido cubiertos. Entre estos estaría la celebración de las pruebas extraordinarias. La ley del anterior Gobierno suprimió la promoción automática, y fijó que se podía repetir en cualquier curso de ESO.

De este modo, los alumnos con tres o más suspensos, no pasarían al curso siguiente. Para facilitar el paso, se establecieron pruebas extraordinarias, a las que se presentarían los alumnos que, de otro modo, se verían abocados a la repetición.

Se dejó a cada región la posibilidad de fijar fecha para estos exámenes. Extremadura optó por junio, contra el criterio de la mayoría de la comunidad educativa --padres y profesores--. El experimento no tuvo demasiado éxito: apenas el 15% de los alumnos que se presentaron a estos exámenes logró pasar el curso, la tercera parte de los que lo logran en Bachillerato, donde las pruebas se hacen en septiembre.

El problema es que este año, a sólo cuatro meses de que finalice el curso, ni siquiera se sabe si se mantendrá este examen y, por tanto, no se ha fijado fecha.

Todo está a expensas de las conclusiones que el Ministerio de Educación saque del debate educativo que abrió hace meses. Sin embargo, las semanas corren y nada se aclara. En principio, desde la Consejería de Educación se confiaba en que en enero o febrero el ministerio daría una solución. Hace pocas fechas, desde Freapa se señalaba que la nueva ley estaría en otoño. La incertidumbre continúa y lo cierto es que, hoy por hoy, nadie sabe si habrá exámenes, y, si los hubiera, si serán en junio, en julio o en septiembre.