Según la organización ciudadana Guadalupex, los primeros movimientos firmes para reclamar la extremeñidad de la virgen y los pueblos del entorno se producen a finales de los años setenta. Así, en 1978 se reúnen los obispos de las tres diócesis extremeñas (Coria-Cáceres, Plasencia y Mérida-Badajoz), junto con un centenar de sacerdotes y un millar de creyentes para debatir el asunto. El resultado fue la creación de un organismo encargado de estudiar la pertenencia de la basílica y el monasterio a Extremadura.
En 1999 llegaron a El Vaticano los primeros informes y documentos en los que las diócesis de la región solicitaban incorporar Guadalupe a la provincia eclesiástica extremeña. Han pasado 12 años y el expediente sigue sin resolverse y sin avances. Además, el Arzobispado de Toledo, en el que recae el cargo de Primado de España ante el Papa, es reticente a aceptar esta reivindicación.
