Las expropiaciones de fincas que entre finales de los 80 y principios de los 90 llevó a cabo la Junta de Extremadura provocó un agrio enfrentamiento de esta con varios jueces, especialmente José María Crespo Márquez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que paralizó la ocupación de las fincas de Cabra Alta y Cabra Baja, por ejemplo, y el propio presidente de este organismo en esta época, Jesús González Jubete. Estos denunciaron en los medios de comunicación el acoso al que se vieron sometidos por el Gobierno extremeño, mientras que tanto desde este como desde el partido que lo sostenía (el PSOE) se criticó la actitud de los magistrados respecto a las expropiaciones, que de hecho fueron inicialmente paralizadas en la mayoría de los casos por organismos judiciales de la región.

"El magistrado José María Crespo es un cuello de botella que impide el desarrollo de nuestro pueblo y el PSOE está empeñado en romper esos cuellos de botella", declaró Federico Suárez, vicesecretario regional del PSOE, en abril de 1990, según recoge EL PERIODICO EXTREMADURA. Es solo una muestra de la guerra abierta que se produjo entre parte de los jueces y los socialistas de la región, hasta el punto de que el presidente del TSJEx manifestó que los magistrados se sentían amenazados y desde ambos bandos se planteó la posibilidad de iniciar diligencias penales.