El número de inmigrantes sin papeles en Extremadura es de, al menos, 7.000 pese al proceso de regularización de trabajadores extranjeros que arrancó hace ahora un año. En febrero del 2005 en Extremadura había al menos 7.800 inmigrantes sin papeles , según la estimación realizada por Nereo Ramírez, secretario de Política Social de UGT-Extremadura. Esta estimación se basaba en el número de extranjeros no comunitarios ni de países afectados por el acuerdo sobre el espacio económico europeo, y la diferencia con la cifra de inmigrantes con tarjeta de residencia en el régimen general.
En esa fecha, había empadronados en la región 21.437 extranjeros extracomunitarios de los que 13.633 tenían tarjeta de residencia.
Ahora el número de tarjetas de residencia para inmigrantes no adscritos al espacio común europeo ha subido hasta 17.754, pero los empadronamientos han crecido en una proporción similar. Según Ramírez, el incremento de inscripciones de extranjeros en los registros de población de los municipios extremeños habría crecido --aún no hay datos oficiales-- aproximadamente en un 20% o 30%, lo que daría una cifra total que ronda los 27.000 empadronados.
Esta es la estimación más conservadora, puesto que puede existir otra bolsa de inmigrantes cuyo volumen es más difícil de calcular que ni siquiera se hayan empadronado. Esta cifra estaría compensada parcialmente por los extranjeros que se hayan inscrito en los padrones de más de una localidad extremeña.
PROCESO EXTRAORDINARIO De este modo, y tras la regularización de trabajadores extranjeros del 2005, cuyo objetivo no era tanto dar papeles a quienes estuvieran en situación de residencia irregular sino normalizar la situación de quienes estuviesen trabajando en actividades no declaradas, el número de sin papeles apenas ha bajado en 800 personas, al subir tanto los permisos como la llegada de extranjeros en situación irregular.
En cuanto al resultado del proceso de normalización de inmigrantes, a lo largo de los tres meses en los que estuvo abierto en Extremadura se registraron 2.935 solicitudes, de las que se resolvieron de manera positiva 2.440, esto es, el 83,19% del total. Este porcentaje de estimaciones en las peticiones es uno de los más bajos del país, sólo por delante de Canarias, Cantabria y Madrid.
En cuanto a los motivos de denegación de las 493 solicitudes de regularización rechazadas (a cierre del año había aún dos en trámites) los motivos más comunes fueron los mismos que en el resto de España: falta de certificado de empadronamiento, rechazo de las pruebas de residencia para acreditar el empadronamiento por omisión o presentación por parte de los trabajadores de ofertas de trabajo en empresas que tienen deudas con la Seguridad Social.
En cuanto a las peticiones admitidas, han dado lugar a 2.309 altas en la Seguridad Social, lo que supone que habría 130 inmigrantes a los que se les ha regularizado la situación por solicitarlo el empresario que les tenía contratados de manera irregular pero a los que finalmente no se les ha hecho un contrato legal.
En toda España el número de solicitudes admitidas fue de 572.961, mientras que las altas en la Seguridad Social alcanzaron las 548.720. Es decir, más de 24.000 extranjeros fueron legalizados por sus patronos pero luego no se les formalizó el contrato, como era el objetivo del proceso de regularización.
Esta situación fue especialmente importante en Cataluña, donde la diferencia entre solicitudes admitidas y altas en la Seguridad Social rondó el 6%
TRABAJADORES PORTUGUESES Por otro lado, en lo que se refiere a los extranjeros del espacio económico europeo y los comunitarios se da la situación inversa respecto a los del resto de países. Así, en los censos de los municipios extremeños figuran menos ciudadanos de estos países de los que tienen permiso de residencia.
En concreto, el padrón incluye a 4.800 comunitarios, mientras que hay casi 6.500 con permiso de residencia.
Según el responsable de Política Social del sindicato UGT en Extremadura esto puede deberse a que en ciertas zonas, como por ejemplo en Badajoz, hay una cantidad significativa de ciudadanos portugueses que trabajan en empresas de este lado de la frontera, por lo que cuentan con la tarjeta de residencia que se otorga con el permiso de trabajo, pero que no están censados en Extremadura ya que regresan a su país cuando finaliza la jornada laboral.
En todo caso, los naturales de países comunitarios o del espacio económico europeo no necesitan, según la legislación actual, ningún permiso para estar en España.
