Mejorar los derechos y garantías de los emigrantes españoles en el exterior es uno de los objetivos que se ha marcado a corto plazo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Uno de los compromisos electorales del PSOE fue la creación de un Estatuto de los españoles en el mundo o estatuto del emigrante que plantea una reforma del Código Civil en materia de nacionalidad, prestaciones económicas y sanitarias, así como el apoyo del derecho al retorno para quienes quieran volver con planes de empleo, orientación profesional e integración laboral, y garantizará el derecho al voto en todas las elecciones.
Extremadura, una comunidad con más de 20.000 emigrantes repartidos por el extranjero, ha mostrado ya su apoyo a este proyecto que considera complementario a la Ley de Extremeñidad que aprobó la Administración autonómica. El objetivo de este estatuto es que llegue a reconocer y regular todas aquellas prestaciones que debe garantizar el Estado a la diáspora.
La propuesta en sí pretende alcanzar una plena equiparación de derechos de todos los extremeños, los que viven en Extremadura o España y los que lo hacen en el exterior. "La idea es reunir en un mismo cuerpo legislativo todos los derechos y deberes de nuestros emigrantes y al tiempo propiciar las posibilidades al retorno y mantener las garantías de sus vínculos con España", asegura Miguel Casado, director general de Migraciones de la Junta de Extremadura. "Es pasar al ámbito nacional lo que ya hacemos nosotros en Extremadura", matizó el alto cargo de la Consejería de Bienestar Social.
RANGO DE LEY El estatuto del emigrante será desarrollado por el Gobierno con rango de ley y pretende hacer ciudadanos de derecho a los más de millón y medio de emigrantes españoles repartidos por el mundo. La crisis de Argentina o Venezuela, entre otras, pusieron sobre el tapete la situación de desamparo en la que viven muchos de los ciudadanos españoles que viven lejos de su país.
Ante esta situación, el Gobierno de Zapatero considera fundamental garantizarles el ejercicio efectivo de su derechos de ciudadanía fuera de las fronteras españolas mediante una legislación específica. Aunque no ha habido encuentros oficiales con las comunidades, uno de los primeros contactos sobre este tema, entre Administración central y autonómicas, tendrá lugar en el Consejo de Emigración que se celebra mañana en la ciudad gallega de Santiago de Compostela, en el que reunirán las asociaciones de emigrantes con la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.
"Hasta ahora se han dado contactos informales con las comunidades aunque es un tema que se pretende abordar a corto plazo", señaló el director general de Migraciones, Cooperación y Prestaciones de la Junta de Extremadura. Según recoge el programa electoral socialista, "atender y mejorar la situación de los ciudadanos españoles que residen en otros países se convierte en una de las prioridades políticas. Nuestra apuesta es dar paso a una Política de Emigración con mayúsculas".
NACIONALIDAD En ese ámbito, el futuro reglamento normativo quiere además impulsar una reforma que amplíe el acceso a la nacionalidad en términos realistas y que destierre obstáculos y requisitos temporales para la adquisición o recuperación de la nacionalidad. Las últimas modificaciones en el Código Civil habían llegado incluso a provocar puntos de fricción con los derechos de los emigrantes que recoge la Ley de Extremeñidad.
En un futuro, los descendientes de españoles de origen hasta segundo grado tendrán derecho preferente para adquirir la nacionalidad española sin ningún tipo de discriminación.
