La Ley de la Dependencia avanza a paso muy lento en Extremadura. En los últimos cinco meses, entre junio y octubre, el número de extremeños dependientes atendidos ha disminuido casi un 80% frente al mismo periodo del año anterior. El descenso es notable. En concreto, Extremadura incorporó a más de 2.300 personas beneficiarias en esos meses del 2010 y solo a 545 en el mismo periodo de este año.
Hoy, precisamente, el Gobierno extremeño tendrá que dar explicaciones en el Parlamento regional a preguntas de IU. Tras las declaracioneas de Rajoy sobre las dificultades para desarrollar la ley de dependencia por "no ser viable", el diputado Pedro Escobar quiere arrancar un compromiso de la Junta de que no escatime esfuerzos para sustentar el que considera "cuarto pilar del Estado del Bienestar".
El retroceso en la aplicación de la ley no es exclusivo de la región. Hay otras ocho autonomías que han experimentado una disminución importante en el flujo de beneficiarios que entra en el sistema, y otras cuatro --Aragón, Valencia, Asturias y Navarra-- que tienen incluso un saldo negativo. La Consejería de Salud extremeña no explica a qué se debe esta situación, pero sí lo hace José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que realiza un seguimiento constante sobre el desarrollo de esta normativa, como esta comparativa.
En su opinión, en Extremadura, como está sucediendo en otras comunidades, el cambio de Gobierno tras las elecciones de mayo no ha beneficiado en nada a la ley. Además, aduce que la región ya partía de una situación "errónea", al desarrollarse la ley de dependencia dentro del sistema sanitario y no en el sistema público de Servicios Sociales, destaca Ramírez, que reconoce que pese a esta dificultad, la anterior Administración extremeña venía haciendo un importante esfuerzo.
"En Extremadura, a juzgar por los datos extraídos, la atención a los dependientes está estancada o ralentizada al máximo en la actualidad", sostiene. Pese a que esta normativa "arrastra un déficit por el diseño poco ortodoxo elegido para su desarrollo en esta comunidad", insiste Ramírez, el cálculo de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales demuestra que el pasado año la ley funcionaba a un ritmo "óptimo", de hecho en la última valoración de este colectivo, en junio, Extremadura obtiene un 5, aprobado. Pero ahora, pese a la entrada de los dependientes moderados que debería aumentar más la cifra de beneficiarios, se ha atendido a casi 1.800 personas menos que hace un año. "Hemos reducido a la tercera parte el nivel de atención y eso es muy preocupante. Esto quiere decir que el desarrollo de la ley está paralizado y solo hay una pequeña tasa de reposición", apunta Ramírez.
Con este freno, la lista de espera de los beneficiarios, lejos de adelgazar, sigue creciendo: en Extremadura hay 8.763 personas con derecho a una ayuda que no están recibiendo. En los últimos cinco meses se han incorporado a ella 200 personas más, "un dato muy significativo porque en Extremadura siempre ha sido aceptable". Todos estos usuarios se integran en lo que llaman el limbo de la dependencia. Esos más de 8.700 extremeños --más de 305.000 en todo el país-- tienen reconocido un grado y nivel de dependencia que les da derecho a recibir las prestaciones y servicios del sistema definidos por ley, pero aún no se les ha aprobado el Programa Individual de Atención (PIA), que les permite recibir de manera efectiva estos servicios.
Por eso, la lenta marcha de la aplicación de la ley en los últimos meses es una situación "muy preocupante", ya que, muchos de estos beneficiarios, por su edad o circunstancias, tienen una esperanza de vida que hará irrecuperable el tiempo en el que se retrase la ayuda que precisan.
Los expertos temen que la crisis y los cambios políticos sigan ralentizando una ley vital para muchas personas dependientes, pero también para los desempleados, ya que puede ser un gran motor de riqueza y creación de empleo. Tanto es así, que desde la asociación de servicios sociales aseguran que si se eliminara el limbo de la dependencia, es decir, si recibieran servicios los más de 8.700 extremeños que tienen derecho a ellos, se generarían en Extremadura al menos 2.000 nuevos puestos de trabajo y cotizarían 1.200 personas más como cuidadores no profesionales --personas que atienden a los dependientes en su hogar sin beneficio económico--, según un estudio del colectivo. Con estos datos, desde la asociación insisten en que no se puede dejar morir esta ley, como ahora está ocurriendo. "Hay que reflotarla porque es mucho lo que puede dar".
Asimismo, consideran que habría que modificar algunos aspectos de la normativa para que las comunidades que más dependientes tengan en geriátricos y residencias reciban una financiación mayor, ya que, apunta Ramírez, "por cada 100.000 personas que pasaran de la prestación económica a recibir un servicio en un geriátrico, residencia o centro de día se generarían al menos 30.000 empleos directos". En Extremadura, más de 12.000 usuarios reciben prestación económica y el resto servicios reciben servicios en centro4 y recursos públicos.
Ramírez reconoce que el nuevo gobierno se ha encontrado con el hándicap de esta ley en la región y espera que en esta legislatura se desarrollo una ley de Servicios Sociales en Extremadura que dé respuesta a las necesidades de la dependencia. Además, la Junta tiene pendiente el pago de los retrasos en las ayudas desde marzo.
