La economía sumergida mueve en Extremadura casi 1.800 millones de euros al año (el 21% de la producción total), según el informe Una evaluación del grado de incumplimiento fiscal para las provincias españolas , elaborado por los profesores de la Universidad Complutense Angel Alañón y Miguel Gómez y publicado por el Instituto de Estudios Fiscales, órgano dependiente del Ministerio de Economía. Es el primer estudio sobre dinero negro realizado por un ente oficial desde que gobierna el PP.

El documento revela que la producción que escapa al control fiscal se ha duplicado en Extremadura en diez años, pasando de 888 millones de euros en 1990, a los ya reseñados 1.800 en el 2000, último periodo analizado en el informe. En términos de porcentaje sobre la producción legal, el fraude no sólo ha crecido en términos absolutos sino que cada vez tiene un mayor peso en la economía regional.

El estudio analiza la evolución entre 1980 y el 2000 en las dos provincias extremeñas, y concluye que la economía sumergida ya supera el 23% del total de producción en Cáceres, mientras que hace 20 años se situaba en el 12%. En cuanto a Badajoz, también se produce un avance importante, aunque no tan exagerado, de manera que si en 1980 la producción no sujeta a control estaba en el 10,6%, en el 2000, este porcentaje se había incrementado hasta el 15,4%.

Estos datos convierten a Cáceres en la sexta provincia con más economía sumergida, sólo por detrás de Segovia, Ciudad Real, La Coruña, La Rioja, Huelva y Tenerife. Mientras, Badajoz ocupa el cuadragésimo lugar, entre 46 provincias analizadas, ya que no se incluyen País Vasco y Navarra por gestionar sus propios tributos. De este modo, durante el año 2000, la producción ilegal alcanzó en la provincia cacereña los 940 millones de euros, frente a los 840 millones de la pacense.

TENDENCIA CRECIENTE

Además, los autores del estudio certifican que la economía sumergida es un fenómeno en pleno auge. Esta tendencia al alza, coincidente en ambas provincias, tiene un primer periodo se florecimiento, entre los años 1980-90, cuando en Cáceres se pasa del 12% de la producción al 24,8%. Después, se inicia un descenso hasta mitad de la década de los 90, quedando en el 18,1%, cuando de nuevo se modifica la tendencia y vuelve a incrementarse hasta el 23,2% actual.

Mientras, en Badajoz se pasa del 10,6% de 1980 al 14,8% de 1990. Luego desciende hasta el 11,4% de 1994, para volver a subir y situarse en el máximo absoluto del 15,4% en el 2000.

Para Alañón y Gómez, existe una relación entre la carga impositiva y la economía sumergida, ya que "mayores impuestos llevan al desarrollo de la economía informal alimentada por el efectivo mantenido para evadir al fisco".

Sin embargo, este ocultamiento para no pagar impuestos no es homogéneo. Así, si se compara Extremadura con lo ocurrido a nivel nacional, se percibe que Badajoz sigue la misma tendencia, y su economía ilegal crece cinco puntos. Por contra, en Cáceres el fenómeno se dispara, y su crecimiento duplica al nacional.