Las estimaciones realizadas por el Estado y plasmadas en el Libro Blanco para la Atención a las Personas en Situación de Dependencia, elaborado en el 2004, sobre ciudadanos que tendrían derecho a alguna de las prestaciones recogidas en la Ley de Dependencia se han quedado muy cortas, lo que supone que es necesario "incrementar los fondos para la atención a todas las personas que están accediendo al sistema".
Esta es una de las conclusiones de la reunión mantenida ayer en la sede del SES en Mérida por representantes de atención a la dependencia de siete comunidades autónomas, y en la que actuó con anfitriona la consejera de Sanidad y Dependencia, María Jesús Mejuto. A la cita acudieron responsables de este área de Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Aragón, Cataluña y Andalucía, además de Extremadura, para analizar experiencias en la puesta en marcha de la normativa, donde la primera conclusión es que al aplicar los baremos de valoración de la dependencia se está detectando que el número de personas con derecho a prestación supera lo previsto.
Según el Libro Blanco, en España habría 1,5 millones de personas con limitaciones para realizar alguna de las actividades básicas de la vida diaria (800.000 de ellas con discapacidad grave). Sumando las personas con discapacidades para realizar actividades instrumentales, en el país habría 2,3 millones de personas con discapacidad y algún grado de dependencia.
Para el caso extremeño, el informe recoge que habría 48.600 personas con limitaciones para las actividades básicas de la vida diaria, de las que 32.200 (la mayor parte personas mayores de 65 años) presentan una discapacidad severa. Sumando el colectivo de personas con limitaciones para actividades instrumentales, en la región habría casi 69.000 personas con algún grado de dependencia, que es severa en 53.500 casos.
Aunque los responsables de atención a la dependencia reunidos ayer en Mérida no precisaron en cuánto se queda corta la estimación estatal, sí destaca como dato que sólo en el primer año desde la puesta en marcha de la ley ya se han presentado en la región --teniendo en cuenta que hubo que poner en marcha un dispositivo nuevo para atender la demanda de prestaciones derivada de la ley-- 10.500 solicitudes, lo que significa casi el 2,8% de todas las presentadas en España.
De este total, casi 1.300 se han presentado en el último mes, lo que pone en evidencia que las peticiones se van incrementando rápidamente conforme llega la información a los posibles beneficiarios.
En toda España las solicitudes presentadas y registradas superan las 374.000.
BASES DEL SISTEMA En cuanto al proceso de resolución de las peticiones, desde la Junta se ha indicado que la aplicación de la ley, aún en fase de "arranque" según la nota del Gobierno extremeño, está obligado a reorganizar todo el sistema de prestaciones, por lo que se considera imprescindible el intercambio de información y experiencias entre las comunidades autónomas.
En este sentido, Mejuto hizo ayer hincapié en la necesidad de construir el sistema "con bases lo suficientemente sólidas y compartidas por todo el territorio nacional, para que las personas que se encuentran en especial vulnerabilidad tengan la seguridad de que verán atendidas sus demandas y prestaciones que la ley propicia por igual".
En la reunión también se aludió al papel de los ayuntamientos en la aplicación de la ley, como gestores de los servicios de atención a la dependencia en colaboración con los gobiernos de las distintas regiones.
Finalmente, los responsables de atención a la discapacidad de las siete comunidades coincidieron en señalar que es muy importante mantener reuniones con el Ministerio de Educación, Políticas Sociales y Deportes para tener una visión global de la aplicación de la ley en cada una de las regiones.
