La Asamblea de Extremadura vivió ayer un día histórico. Los diputados recibían entre aplausos la aprobación por unanimidad de la Ley de Educación de Extremadura (LEEx), uno de los buques insignia del Gobierno regional. Tras cuatro años de trabajo, la norma --dotada de una financiación de 1.563 millones de euros durante ocho años-- entrará en vigor seis meses después de su publicación en el DOE. Se trata de la primera ley de educación de la región y la primera a nivel nacional que nace fruto del consenso de PSOE y PP. Un consenso que se ha visto comprometido a última hora por la presentación de una enmienda por parte del Grupo Popular, finalmente rechazada, en la que pedían excluir los estudios universitarios del presupuesto blindado de la LEEx. Esta fija una inversión del sistema público educativo no inferior al 6% del PIB regional y al menos del 20% de las cuentas autonómicas, lo que supondrá en torno a 57 millones añadidos al año. La memoria económica que acompaña la nueva ley se sustenta sobre ocho planes, cuyas principales partidas corresponden a las del plan de aprendizaje a lo largo de la vida (471 millones) y el de mejora del nivel educativo y contra el abandono escolar prematuro (210).

Basada en los principios de excelencia e igualdad de oportunidades, la ley busca garantizar la permanencia del alumnado en el sistema educativo al menos hasta los 18 años, posibilitar su competencia comunicativa en dos lenguas extranjeras, consolidar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las aulas o reconocer la figura del profesor. Los objetivos, tal y como explicó la consejera de Educación, Eva María Pérez, en el debate a la totalidad, se resumen en uno solo: conseguir el éxito educativo de todo el alumnado extremeño.

En concreto, se fija como reto que el 85% de los jóvenes alcance una titulación en educación secundaria postobligatoria, esto es, en formación profesional (FP) de grado medio o bachillerato. De este modo, recoge la implantación de ciclos formativos de grado medio en todos los institutos de educación secundaria obligatoria (IESO).

FINANCIACION En la actualidad, Extremadura destina un 5,8% de su PIB a educación, el mayor porcentaje de España; pero ha habido años en el que la región ha destinado el 6% de su PIB. Respecto al 20% del presupuesto total de la comunidad autónoma para educación, hay que recordar que en las cuentas de 2009 se alcanzó el 18,2% (1.050 millones para un total de 5.769); en el 2010, el 18,8% (1.053 millones sobre 5.620); y este año se repite ese porcentaje, teniendo en cuenta que la Consejería de Educación dispone de 977 millones, de los 5.190 totales para la comunidad.

Respecto a este punto, el diputado del PP, César Díez Solís, exigió a los socialistas que aclarasen si el presupuesto irá destinado exclusivamente a las enseñanzas reguladas en la ley o abarcará también el ámbito universitario. De ser así, a su juicio, se pondría en peligro la financiación educativa al disponer de menos recursos. Esto supone "un serio borrón a lo que ha sido hasta el momento un proceso ejemplar", ha apostillado.

El diputado socialista Antonio Gómez Yuste, por su parte, ha justificado el rechazo de su grupo por lealtad al pacto educativo y ha lamentado que, después de sellar el acuerdo, se olvide la palabra dada para presentar una enmienda que supone "una nota discordante". En este sentido, considera que la oposición ha emprendido esta iniciativa de cara a las elecciones porque pretenden dar a entender que "si ellos gobiernan algún día, van a poner más dinero para la educación".

Los sindicatos, que celebran la aprobación de la norma y se ofrecen a seguir colaborando en el desarrollo de la misma, se han pronunciado también respecto al apartado de financiación educativa. CCOO reclama que se aclare urgentemente este aspecto y ha recordado que su propuesta al respecto era del 6% para las enseñanzas reguladas en la LEEx y del 1,2 para la UEx. Desde FETE-UGT instan a los partidos políticos a mantener la educación al margen de las rencillas políticas y a comprometerse a asegurar una financiación estable y suficiente.

No obstante, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) asegura que hubiera presentado una enmienda a la totalidad ya que, a su juicio, es un sinsentido contar con 17 leyes autonómicas cuando debería haber una única norma con carácter nacional. Por otro lado, el sindicato ADECEX ha lamentado que la norma no incluya la homologación retributiva de los docentes de la concertada.