La primera denuncia formal de la Unión de Consumidores se realizó en noviembre del 2001, y se hizo ante la Dirección General de Consumo de la Junta de Extremadura y el Servicio de Defensa de la Competencia. Un informe de UCE aseguraba que los pactos eran comunes al 90% de las autoescuelas de la comunidad extremeña.
En agosto del 2003 la Federación de Consumidores en Acción realizó un nuevo estudio en el que reflejaba los precios "sospechosamente parecidos" que se habían encontrado en la ciudad de Badajoz. Ante esta situación, remitió un escrito al Servicio de Defensa de la Competencia para solicitar la apertura de una investigación oficial al respecto.
En septiembre del 2003 el Servicio de Defensa de la Competencia dictó una resolución en la que consideró acreditada la existencia de un pacto de precios entre quince autoescuelas de Mérida y Badajoz, con la implicación de la asociación provincial del sector. Sin embargo, señaló que no había pruebas que implicasen a las autoescuelas de Cáceres.
La UCE reclamó que se reabriera la investigación en la provincia cacereña porque sospechaban que se habían variado los precios precisamente para evitar posibles sanciones.
La falta de documentación acreditativa ha llevado recientemente al Servicio de Defensa de la Competencia a reafirmarse en su primera resolución, de forma que sólo serán sancionadas las autoescuelas pacenses.
Según el procedimiento habitual, sólo queda un paso para cerrar el proceso y es que el Tribunal de Defensa de la Competencia fije el importe que deberán pagar las 15 autoescuelas y la asociación provincial.
