"Un mal endémico" es el que sufren las empresas de formación. "Desde siempre en este sector hay muchos profesionales que imparten enseñanzas alrededor de una mesa de camilla sin ningún tipo de obligación fiscal, ni académica", explica el presidente de la Asociación de Empresas de Formación de Extremadura (Cecap), Fernando Valbuena.

Una situación que por poner un ejemplo el presidente de este colectivo cita un estudio elaborado en Zaragoza, donde los "centros ilegales mueven 12 millones de euros al año". Una cifra que pone en evidencia la economía sumergida del sector de la enseñanza particular. Ante esto, la Cecap reclama a la administración tributaria que el conjunto de profesores clandestinos cumplan sus obligaciones "para que todos podemos competir en iguales condiciones, sobre todo en época de crisis", dice Valbuena.

Un problema que sufre Julia Flores Olave, directora de la academia de enseñanza San Nicolás de Bari, en Cáceres. "Nos están acribillando siempre a los mismos, a los que tenemos todo en regla y pagamos impuestos", apunta. "La enseñanza está sufriendo, pero también el Estado, con ese dinero sumergido y si encima tenemos que cerrar nuestras pequeñas empresas", explica indignada con un asunto que ya viene de lejos. "Incluso hay alumnos que dan clases en sus casas después de ir a una academia y funcionarios que lo hacen como hobby cobrando menos", señala.