El secretario provincial del PSOE de Cáceres, Juan Ramón Ferreira, pidió ayer que no se utilice el término corrupto de manera generalizada al referirse a los cargos públicos, "porque no todos los delitos e imputaciones pueden ser clasificados como corrupción"; y defendió el principio de presunción de inocencia. "No puede condenarse de antemano a quienes vienen siendo acusados de presuntos delitos no probados, porque eso significaría matar el principio de presunción de inocencia, base del Derecho Penal". Además, considera que "el legítimo derecho a la información de los medios de comunicación no debe estar reñido con la presunción de inocencia de implicados en hechos contrarios a la ley".
El PSOE de Cáceres aprovechó también para "reafirmar" su actitud de "condena de acciones que vayan en contra de la ley y de poner en manos de la Justicia cualesquiera conductas que la vulneren, o puedan vulnerarla"; al tiempo que mostró su desacuerdo en que a la clase política en general, o socialista en particular, "se la suponga corrupta, pues, en todo caso, son la excepción y no la regla, contra la que debe luchar cualquier partido político democrático".
Con esta apreciación coincide la coalición Prex-Crex, que mostró ayer su "total rechazo a actitudes que supongan la utilización del cargo público para servir a intereses espurios, propios o ajenos"; al tiempo que levantó también la voz en defensa de la clase política en general y de su afiliado, el alcalde de Carcaboso, en particular. Su acción, se hizo constar, "no tiene absolutamente nada que ver con cualquier actuación calificable como corrupción, pues solo le pesa la denuncia de un concejal de la oposición que alega que no le ha facilitado información".
