La financiación autonómica se ha convertido en el problema estrella para quienes gobiernan en las regiones y el Estado, pese a que, como reconoce el propio jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, a los ciudadanos de a pie lo que les preocupa es por qué no encuentran trabajo o qué está pasando con la ganadería en España y en Extremadura. Pero, la pela es la pela como dicen en Cataluña, comunidad foco de las críticas de más de un mandatario que defiende, como es el caso de la región extremeña, que para repartir fondos no solo se atienda a criterios de población, sino a sus circunstancias.
Quienes más dinero aportan al Estado, sobre todo vía impuestos, reclaman recibir más que el resto que colabora menos. En cambio, estas comunidades menos ricas recuerdan que no tienen las mismas circunstancias un millón de personas vivan en una ciudad, que un millón de habitantes repartidos en una región, como el caso de Extremadura. Lo fundamental es saber que "la financiación autonómica sirve para financiar servicios públicos, para dar respuesta a los derechos fundamentales de los ciudadanos por nuestra condición de españoles, no de extremeños", destaca Fernández Vara. Y es que España, señala, "no es la suma de diecisiete comunidades autónomas iguales, sino que hay situaciones diferenciales", por lo que no se puede atender únicamente a criterios de población.
Posiciones dispares
Además, a su juicio, este debate debe abordarse después de solventar otro más importante, el de la financiación local; es decir, aliviar económicamente a los ayuntamientos, porque "es el servicio más cercano al ciudadano".
Esa posición del dirigente extremeños encuentra aliados en otras regiones y también detractores. Un colega suyo, el presidente de la Xunta de Galicia, el socialista Emilio Pérez Touriño, también es bastante claro en sus posicionamientos. Asegura que su postura está en "las antípodas" de lo que defiende su homónimo catalán, el también socialista José Montilla, en lo que se refiere a que prime el factor de población.
En su opinión debe haber una evaluación del coste real de los servicios públicos. Hay que poner la lupa, dice, en el ajuste de las necesidades de gasto reales de los usuarios del sistema, y no de la población, puesto que no tiene el mismo nivel de consumo de servicios sanitarios o sociales una persona joven que una anciana. Por tanto, es preciso tener en cuenta factores como el envejecimiento de la población o la dispersión poblacional. No se trata de que lo determinante sea "la población sin más", sino que de lo que se trata es de hablar del coste efectivo del servicio.
Otro dirigente socialista, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, aporta otra visión. A su juicio, quizás no sea el mejor momento para afrontar la financiación autonómica con una situación de desaceleración de la economía, aunque recuerda que existe para ello un calendario fijado "muy difícil de alterar". En declaraciones a RNE, recogidas por Efe, Chaves aclara que "la lógica nos debería llevar a que la financiación autonómica se discutiera en un momento de mayor bonanza económica".
No comparte esa opinión su colega catalán. Para Montilla hay que solucionar esta cuestión cuanto antes. Es más, su voluntad es cumplir de forma escrupulosa la bilateralidad que marca el Estatuto catalán a la hora de negociar con el Gobierno la financiación, un tema en el que no aceptará "ni dilaciones, ni subterfugios, ni aplazamientos".
Qué dice Solbes
Pero, ante este cruce de posturas contrapuestas entre compañeros de partido, qué dice el Gobierno. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, admite que el margen del que dispone el Ejecutivo para incrementar la financiación autonómica es "reducido" en la situación actual, pero aclara que su preocupación no es tanto la cuantía como el modelo que se pondrá en marcha para que todas las comunidades tengan la "financiación suficiente". Además, anuncia que pondrá "toda la carne en el asador" para cumplir las fechas previstas.
