Extremadura no podrá cubrir sus necesidades de gasto en sanidad con los recursos obtenidos por el acuerdo de financiación autonómica firmado hace dos años, según se refleja en un informe realizado para el Instituto de Estudios Fiscales por los profesores de la Complutense Rosa María Urbanos y Alfonso Utrilla.

En el documento se indica que los recursos disponibles para financiar la atención sanitaria en la región evolucionarán desde los 866,66 millones de euros del año 2002, hasta los 1.023,29 millones de euros del 2005. En cambio, la necesidad de gasto pasará desde los 863,56 millones de euros del 2002 hasta los 1.035,63 millones del 2005, es decir, que se necesitará detraer de otras partidas un total de 12,5 millones de euros para financiar la sanidad. Esto supondrá recortar el gasto otras prestaciones integradas en el mismo paquete , como son las incapacidades o los servicios sociales.

La situación, sin embargo, no es exclusiva de Extremadura, sino que afecta a otras 12 comunidades, --sólo se salvan Aragón, Asturias, Galicia y La Rioja, que tendrían superávit-- con especial incidencia en Madrid o Valencia, que acumulan déficits de más de 400 millones.

Para elaborar el estudio, Urbanos y Utrilla parten de la financiación acordada e introducen variables para calcular la evolución previsible de ingresos y gastos como los cambios demográficos, las variaciones de los precios, las evolución en cantidad y calidad de los servicios y la progresión del Valor Añadido Bruto en cada región.

Los tres primeros factores afectarían a los gastos, mientras que el último, relacionado con la situación económica, incide en los recursos disponibles.

Esto es así porque el pacto sobre financiación sanitaria contenía como modos de generación de recursos la cesión parcial del IRPF, IVA e impuestos especiales sobre el alcohol, gasolinas o tabaco, cuya cuantía depende de la renta que se genere en la región y, en el caso de impuestos indirectos, del consumo.

Asimismo, se incluía una partida denominada fondo de suficiencia , compuesta por aportaciones directas del Estado, y cuya finalidad es la de garantizar que todas las regiones dispongan de recursos suficientes para prestar una atención suficiente y equitativa.

Em este sentido, cabe señalar que Extremadura es la región más dependiente de este fondo, al que fia el 64,6% de su financiación sanitaria (la media es del 32,6%), mientras que la recaudación por tributos es la más baja del país.

Ante este panorama, que dibuja en el futuro, según los autores del informe, un incremento de las diferencias entre comunidades autónomas, se recomienda utilizar la capacidad normativa en los tributos cedidos para compensar el déficit. De otro modo, la solución pasaría por renunciar a garantizar las necesidades sanitarias estimadas, cuestión que es difícil que se plantee, o bien "si se pretende priorizar el gasto sanitario, sería necesario realizar políticas de ajuste de otros gastos", que podrían resultar muy restrictivas.