La la granja cinegética de Monterrubio de la Serena --en la que fueron detenidas siete personas por celebrar cacerías clandestinas en las que se abatían lobos, tigres y leones-- no tenía la autorización requerida para organizar este tipo de actividades.

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Quintana, confirmó ayer que la explotación en la que aparecieron los animales era una granja cinegética en la que teóricamente se podían criar, pero no cazar, ciervos, gamos y jabalíes. De otro lado, la Junta de Extremadura va a llevar a cabo el análisis de los restos de animales encontrados en la granja, aunque en estos momentos sólo hay constancia científica de que en la finca Los Lunares de Monterrubio fue abatido un tigre, cuyos restos fueron encontrados en perfecto estado por los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza.

Ahora habrá que proceder al análisis de todos los indicios allí encontrados para determinar con certeza qué animales fueron matados en ese lugar, y dentro de las competencias de la Junta se hará especial hincapié en cuáles fueron las especies protegidas que se incluyeron en las cacerías ilegales. Además de tigres, lobos y leones, los rumores hablan de linces, aunque no hay nada confirmado al respecto.

TRASLADO A MALAGA Mientras, el subdelegado del Gobierno en Badajoz, Inocencio Ramos, y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Antonio Basilio Sánchez, comparecieron ayer en Badajoz para dar a conocer todos los detalles de la denominada Operación Safari . Entre otras cosas, anunciaron que los dos animales vivos que se encontraron en la finca, un tigre y un león que estaban preparados para ser cazados , serán enviados a un núcleo zoológico de Málaga.

Además del tigre abatido el pasado fin de semana, la Guardia Civil tiene constancia de al menos otras dos cacerías ilegales, una de lobos y otra con por lo menos un tigre. Tras la muerte de los animales los participantes seccionaban las cabezas como trofeos, y desprendían la piel y otras partes del cuerpo de los animales después de posar junto a los cuerpos.

Los siete detenidos en la Operación Safari --que continúa abierta y en la que no se descarta que se produzcan nuevas detenciones-- son el gestor cinegético M. D. M., de 41 años; su hijo menor de edad; los guardas J. P. B. N., de 25, y M. B. N., de 22; y los cazadores D. J. O., de 55 años, J. F. M., de 33, y la mujer B. T. S., de 52, los tres de Madrid. Todos ellos se negaron a declarar ante la Guardia Civil y tras pasar a disposición judicial --el caso es del Juzgado de Instrucción de Castuera-- fueron puestos en libertad.

Ante la situación generada por la noticia de estas cacerías ilegales, que ha saltado en los últimos días a todos los medios de ámbito nacional, todo el sector cinegético extremeño --tanto el regulador, es decir, la Junta, como la Federación de Caza y la Asociación de Empresas de Caza-- han dejado claro que se trata de un hecho aislado y que los que abatían estos animales "no pueden llamarse cazadores". Además, tanto los empresarios como los cazadores han reclamado que se apliquen duras penas a todos los implicados.