La labor de la Fiscalía en materia de siniestralidad laboral no es fácil. Lo reconoce así en su última memoria el fiscal superior, Aurelio Blanco, en base a lo recogido en las que, por su parte, aportan los dos fiscales delegados en la materia, Juan Tejada en Badajoz, y Eliseo del Blanco en Cáceres.

Coinciden ambos fiscales delegados en que su ámbito de trabajo no queda circunscrito a la siniestralidad laboral, sino que lo desenvuelven compatibilizándolo con el resto de actividades que, como fiscales, les corresponde en el reparto ordinario (despacho de asuntos, guardias, asistencia a juicios...). Y además, se mantiene la imposibilidad de tener o contar con otros apoyos que el propio esfuerzo para llevar estadísticas y archivos de los asuntos, pues en la Fiscalía no se cuenta con funcionarios encargados de ese control, por lo que se lleva directamente por el fiscal delegado.

Esta falta de dedicación exclusiva y de personal de apoyo, unido a la imprecisión de los términos de la propia tramitación de los procedimientos en los juzgados, "que suelen calificar como muerte o lesiones sin más especificación", son algunas de las causas que Tejada y Del Blanco exponen para argumentar que "sigue siendo difícil un seguimiento y control efectivo de los procedimientos penales incoados, con resultados lesivos, producidos en accidentes laborales".

También dificulta el seguimiento de la siniestralidad, añaden, "la dispersión de los asuntos en los distintos juzgados y la frecuente dilación de su tramitación, a veces por dificultades reales, que las hay, como son la unión de distintos informes; y otras por acumulación de trabajo, lo que sucede con más frecuencia de la deseable".

Al respecto, el fiscal de Badajoz argumenta que, además, "es difícil mejorar en la gestión de estos datos" si los Juzgados de Instrucción no tienen en su programa informático un apartado específico que haga referencia a lesiones por accidente laboral. "Si del Juzgado ya vienen mal reseñadas las diligencias previas --añade--, es muy difícil conseguir en Fiscalía unos datos que reflejen con verosimilitud y certeza los procedimientos que realmente se refieren a accidentes laborales, por lo que los datos son estimativos y voluntaristas".

DELITOS DE RIESGO En esta cuestión, las fiscalías provinciales coinciden en señalar los problemas que presenta la actuación en materia de delitos de riesgo.

Para el fiscal de Cáceres, los delitos de riesgo sin resultado lesivo "han tenido nula aplicación", lo que considera que, posiblemente, se deba a que la función preventiva "se agotaba prácticamente con las actuaciones administrativas, especialmente de la Inspección de Trabajo, cuyas fuertes sanciones económicas y rapidez de ejecución de las mismas, podían dar cumplida respuesta jurídica al incumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud Laboral".

Para el de Badajoz el mayor problema sigue siendo la recepción de las denuncias, pues, por un lado, señala, "la Inspección de Trabajo no cuenta con los suficientes medios personales para realizar inspecciones aleatorias constantes a centros de trabajo" y, por otro, "resulta ilusorio pretender que por parte de los trabajadores se realicen denuncias en este sentido".

No obstante, puntualiza, en el último año se abrieron tres diligencias, que continúan en trámite, exclusivamente por delitos de riesgo, "y aunque en la tramitación que se está llevando a cabo todos los trabajadores, sin excepción, niegan que ellos se encontraran ante una situación de riesgo, contradiciendo radicalmente lo indicado en el acta de infracción de la Inspección de Trabajo, esperamos que alguno de estos procedimientos pueda finalizar con el oportuno escrito de acusación".