La Fiscalía imputa a 6 alcaldes extremeños por delitos urbanísticos en sus municipios

Se trata de los alcaldes de Ceclavín --Pedro Martín González Mirón (PSOE)--, Talayuela --Raúl Miranda Manzano (PP)-- y Brozas --José Félix Olivenza Pozas (PSOE)--; y los exalcaldes de Coria --Joaquín Hurtado Simón (Centro Obrero Empresarial Cauriense)--, Guijo de Santa Bárbara --José Mariano Pizarro (IU)--, y Casas del Castañar --Pedro Vega García (PSOE)--. En el caso de este último su responsabilidad penal, de existir, ha extinguido por su fallecimiento.

Ninguno de los ediles citados anteriormente están imputados por un asunto similar al de la mujer del alcalde de Villanueva de la Serena, que se construyó, y más tarde tiró, una casa en terreno protegido en el pantano de Orellana, sino por ilegalidades urbanísticas cometidas en sus respectivos municipios, a las que no habrían hecho frente, como marca la ley. Así, la Fiscalía investiga presuntos delitos de prevaricación urbanística "por la concesión de licencias claramente contrarias a la ley; por la autorización de palabra para la construcción de viviendas ilegales; o por la falta de actuación una vez conocida la infracción de la legalidad, colocando incluso en eventual riesgo a los particulares por la construcción en zonas inundables de ríos", recoge el avance de la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Cáceres correspondiente al pasado año.

El último de los supuestos mencionados se registra de forma especial y bastante generalizada en Coria, posiblemente el municipio cacereño donde se contabilizan más infracciones urbanísticas. Así lo reconoce la fiscal delegada de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Cáceres, Olga Suárez, que señaló a este diario que el urbanismo de la zona de Coria es el que les está dando más volumen de trabajo, al ser este área de la provincia cacereña, junto con la del Valle del Jerte, la que tiene más edificaciones ilegales.

"Y no son ilegales solo por la zona en la que están, o por carecer de licencias y permisos..., es que en Coria hay además algunos supuestos en los que las edificaciones están en zonas inundables del río, lo que puede entrañar incluso riesgo para las personas. Además, en algún caso la situación de ilegalidad era conocida directa y personalmente por el ayuntamiento y el alcalde", especificó Suárez.

Es precisamente por esta razón por la que en una de las causas, concretamente en la que existen construcciones en zona inundable del río Alagón, está imputado Joaquín Hurtado, que fuera alcalde de la localidad, por el grupo independiente Centro Obrero Empresarial Cauriense (CEOEC) en coalición con el PP, del 2003 al 2007. La fiscal aclaró que ésta "es una causa que se está tramitando y en la que está llamado a declarar como imputado el que era alcalde de Coria cuando se inició, aunque esta declaración aún no se ha producido".

RESPONSABILIDAD Los seis ediles antes citados están imputados, como se ha indicado, por delitos urbanísticos cometidos en sus municipios, pero ¿cuál es la responsabilidad municipal en este tipo de delitos? La fiscal delegada de Urbanismo en Cáceres explicó al respecto que los alcaldes "tienen la obligación de hacer guardar la disciplina urbanística en cuanto a expedientes, y la mayor parte de las conductas delictivas de éstos es por no hacer nada, por hacer la vista gorda, pero esto es igualmente delictivo, porque los delitos se pueden cometer por acción (por algo que haces mal), y por omisión (por algo que dejas de hacer)".

En el caso concreto en el que está imputado el exalcalde de Coria es porque los técnicos de la mancomunidad --son los que cuando ven que hay alguna construcción ilegal tienen la obligación de comunicárselo al consistorio-- ya le habían dicho a él personalmente que esas construcciones eran ilegales y que había que hacer algo, "pero no hizo nada". Es por esto por lo que, en este caso, la imputación al exedil de Coria es por omisión.

Pero es que existen otros casos en Coria, añadió Suárez, en los que aún siendo ilegales, las viviendas cuentan con agua y luz. "Esto significa que desde el ayuntamiento, y pese a ser ilegales, se ha tenido que certificar la licencia; o bien se ha dado la cédula de habitabilidad a unas viviendas que no son legales". Esta, explicó la fiscal, es la otra modalidad de la actuación ilegal de un ayuntamiento, pues "¿cómo certifican a las empresas suministradoras de luz que una vivienda está en condiciones para recibir luz si es ilegal?".

Existe además una tercera modalidad, añadió, que es conceder una licencia pese a que los técnicos estén advirtiendo de que esa licencia es contraria al ordenamiento, que es por lo que en la Fiscalía hay abiertas diligencias previas de investigación contra, por ejemplo, el alcalde de Ceclavín o el exalcalde de Guijo de Santa Bárbara.

Finalmente, otros delitos que habitualmente también se imputan a los responsables de los ayuntamientos son por ejecutar o no ejecutar obras de demolición. Así, por ejemplo, señaló Suárez, hay diligencias abiertas contra el alcalde de Brozas por haber autorizado la demolición de parte de una edificación que está en trámite de ser catalogada como bien cultural, lo que requiere pedir autorización a Patrimonio, "diligencias éstas que aún están en estudio".

NINGUNO EN BADAJOZ Frente a lo que ocurre en la provincia de Cáceres, en la de Badajoz no figuran como imputados en ninguna de las causas incoadas el año pasado por este tipo de delitos ni alcaldes ni ayuntamientos. Lo confirmó así el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de la provincia pacense, Agustín Manzano, quien añadió que solo hubo una, que fue instruida anteriormente y que concluyó en el 2008 con una sentencia absolutoria, en la que estuvo implicado el Ayuntamiento de Almendralejo por unos vertidos de residuos sin depurar al río. Matizó, no obstante, que en algunas de las causas iniciadas el año pasado sí figuran los ayuntamientos, pero como ordenantes de derribos o emisores de exhortos anunciando sanciones de persistir las situaciones irregulares.

También reconoció Manzano que las causas relativas a la ordenación del territorio se incrementaron notablemente el año pasado con respecto al anterior, algo que según señaló es debido a las relacionadas con las construcciones ilegales en la zona de Orellana, que se instruyen en el Juzgado de Villanueva de la Serena. Pero insistió en que en ninguna de estas causas --en una de ellas está imputada la esposa del alcalde de Villanueva de la Serena-- están imputados ni ayuntamientos ni alcaldes.