La fiscalía de la Audiencia Nacional quiere redoblar la presión contra el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Tras tomarle declaración junto a los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, el ministerio público ha optado por solicitar a la jueza Carmen Lamela ampliar la causa por sedición hasta lo ocurrido el 1-O, mientras estudia la posibilidad de recurrir que quedara en libertad con comparecencias quincenales por los incidentes del 20 de septiembre en Barcelona.

La magistrada solo tuvo en cuenta lo ocurrido aquel día para determinar la intención de los imputados. Fuentes fiscales sostienen que todo lo acontecido entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre está relacionado, y como ejemplo cita al líder de la ANC, Jordi Sànchez, arengando a las masas frente a la Consejería de Economía de la Generalitat diciendo que se votaría en el referéndum.

En sus resoluciones la magistrada señalaba como pena máxima para la sedición 10 años de cárcel, pero fuentes fiscales consultadas siguen apuntando a los 15 previstos para los dirigentes.

Ayer, tras regresar de la Audiencia Nacional en Madrid, un grupo de unos 400 agentes de los Mossos ovacionaron durante unos minutos a Trapero cuando llegó al complejo central en Sabadell (Barcelona).