Malversación de fondos públicos, prevaricación, delitos urbanísticos... Son algunos de los hechos ilícitos que, cada vez con mayor frecuencia, llevan a cargos públicos ante la justicia. Ningún partido se salva de ver a sus políticos imputados por presuntos hechos delictivos, ni tampoco hay comunidad alguna a la que estos no salpiquen, como puso de manifiesto el pasado miércoles el Fiscal General del Estado, que ha contabilizado 730 políticos de los dos grandes partidos investigados en toda España. Extremadura no es una excepción, donde hay al menos 16 procesos judiciales abiertos contra cargos o excargos públicos; y son 21 los alcaldes, exalcaldes, concejales y cargos de la Administración regional los que están siendo investigados por la presunta comisión de delitos.
Los hechos ilícitos que se les atribuyen son de muy diferente naturaleza, pero en la mayoría de los casos se les acusa de prevaricación o delitos urbanísticos. De hecho, los datos reflejan que más de la mitad de las denuncias que investigan los tribunales de la región contra cargos públicos se refieren a la ordenación del territorio, es decir, a asuntos que tienen que ver con el urbanismo.
Y es precisamente el urbanismo la causa de que tan solo 2 de los 21 procesos judiciales abiertos en Extremadura en este momento sean de la provincia de Badajoz. Así lo indican las fuentes de la Fiscalía consultadas por este diario, que como principal razón de la diferencia numérica de causas entre Cáceres y Badajoz señalan que "la extensión de terreno protegido en Cáceres es mucho mayor que en Badajoz, y esto hace que la comisión de delitos contra la ordenación del territorio, tanto por particulares como por responsables políticos, sea más frecuente en localidades de las comarcas con mayor espacio protegido, como la Vera, Gata, Los LLanos de Cáceres o Sierra de San Pedro".
Además, añaden, el Seprona tiene esas zonas de especial protección muy vigiladas, "como demuestra el hecho de que muchas de las causas abiertas, por no decir la mayoría, se derivan de denuncias del propio Seprona, cuyos agentes llegan incluso a seguir a una hormigonera que sorprenden metiéndose por un camino para comprobar a dónde va o qué obra se está haciendo", señalan las fuentes citadas.
Estos son los 16 casos:
CECLAVIN: Viviendassin visto bueno técnico
Es posiblemente la causa judicial que más avanzada se encuentra de cuantas hay abiertas en la región contra cargos o excargos públicos. El Juzgado número 2 de Cáceres instruye un procedimiento contra el alcalde de este municipio cacereño, Pedro Martín González, del PSOE, por un presunto delito urbanístico contra la ordenación del territorio.
En este caso se investiga la presunta comisión de un delito vinculado a la concesión de licencia contra la normativa urbanística. Se le acusa de haber concedido licencias para la construcción de viviendas a pesar del criterio contrario de la técnico municipal, al no haberse urbanizado el suelo ni estar garantizada la cesión de suelo a la que están obligados los promotores.
JERTE: Apartamentosen una zona protegida
Muy avanzada se encuentra asimismo la causa que instruye el Juzgado 3 de Plasencia contra Antonio García Santos, alcalde socialista de la localidad cacereña de Jerte. Como en el caso de Ceclavín, a García Santos se le investiga por hechos constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio. Está acusado de conceder licencia para la construcción de apartamentos en una zona de especial protección. En concreto se trata de los permisos para la construcción de los apartamentos turísticos rurales Las Palomas en el paraje protegido conocido como La Peraleda.
LOSAR: ¿Viviendas ocasetas para aperos?
Dos son las causas que contra el alcalde de Losar de la Vera, Juan Antonio Martín Serrano, del PSOE, se encuentran abiertas en los juzgados de Navalmoral de la Mata. En una de ellas también figura como investigado su teniente de alcalde Germán Domínguez.
A Martín Serrano y a Domínguez se les acusa de cometer un presunto delito urbanístico por la construcción de cinco viviendas en el paraje conocido como el Lomo, catalogado como área de máxima protección y de suelo no urbanizable por las normas subsidiarias municipales. Así figura en la denuncia de Ecologistas en Acción, grupo conservacionista que entiende que el alcalde ha mirado hacia otro lado con estas construcciones, en cuyas obras ha participado la empresa del teniente de alcalde. Martín Serrano anunció hace un año la paralización de estas viviendas al no ajustarse a los proyectos --casetas de aperos--.
CORIA: Viviendas enzonas inundables
Las dos causas judiciales en las que se encuentra implicado Joaquín Hurtado Simón, exalcalde independiente de la localidad cacereña de Coria, están también muy avanzadas en su tramitación.
Hurtado, que fue alcalde de Coria por el grupo político independiente Centro Obrero Empresarial Cauriense, fue denunciado por el Partido Socialista por haber permitido la construcción de viviendas en una zona inundable del río Alagón pese a conocer la ilegalidad de dicha práctica. La causa judicial en la que figura como acusado la instruye el Juzgado número 1 de Coria, su localidad.
DESCARGAMARIA: Ajuicio por un restaurante
Ignacio Usaín, exalcalde socialista de Descargamaría, está siendo investigado por un presunto delito de prevaricación, referente a la adjudicación ilegal, o cuando menos irregular, del restaurante de titularidad municipal museo Molino de Animas de la localidad cacereña. También se encuentran denunciados en la misma causa judicial, que se instruye en los Juzgados de Coria, dos miembros de la mesa de contratación del consistorio.
La denuncia partió de uno de los empresarios que aspiraba a hacerse con la gestión del establecimiento, que consideró que el concurso del 2004 fue manipulado para conceder el restaurante a dedo. El juez ya obligó al consistorio a repetir el procedimiento y se cambió el concurso por la subasta. Ahora se investiga la responsabilidad de los cargos públicos.Pasa a la página siguiente
