La Fiscalía mantendrá las acusaciones por presuntos delitos contra la Seguridad Social y de malversación contra el secretario municipal del Ayuntamiento de Plasenzuela, Leopoldo Barrantes. En el caso del alcalde de Torremocha, el popular Domingo Galán, imputado en este caso en su calidad de constructor y no como edil, el Ministerio Público ha indicado, aunque con ciertas reservas, que tras su declaración no se descarta la posibilidad de retirar la denuncia que pesa sobre él por presunto fraude en contrataciones públicas.

Esto se resolverá tras estudiar detenidamente toda la documentación aportada por su defensa y lo que establece la legislación administrativa sobre la forma de adjudicación de obras dependiendo de sus cuantías.

Así lo indicó ayer la fiscal provincial de Cáceres, Marta Abellán, una vez concluidas las tomas de declaraciones de los dos imputados. Estas se llevaron a cabo, entre las 10.30 y las 13.30 horas, ante la juez del Juzgado numero 1 de Cáceres, María José Jabato, a la que ha correspondido el exhorto del Juzgado 2 de Trujillo. Es este el que instruye esta causa, pero su titular, Vanesa Pérez, pidió por exhorto a los juzgados de Cáceres que tanto a estos imputados, como al exalcalde de Plasenzuela, José Villegas, se les tomara en ellos declaración al tener los tres sus domicilios en Cáceres y Torremocha.

Habían sido citados a las 10.00 horas, pero ya desde una hora antes tanto Barrantes como Galán se encontraban en las dependencias judiciales. Ninguno de los dos quiso hacer declaración alguna a los medios antes de ser llamados a declarar, lo que hicieron, primero Barrantes y luego Galán, ante la juez, la fiscal, sus respectivos abogados y la abogada de la Seguridad Social, que se ha personado como acusación particular en la causa. También lo ha hecho el Ayuntamiento de Plasenzuela, pero su letrado no compareció, al parecer porque aún no ha llegado su nombramiento al Juzgado.

Eludieron hacer comentario alguno antes de prestar declaración y tampoco lo hicieron al concluirla. Y es que en este caso no hubo ocasión, ya que solicitaron, y se les concedió, la posibilidad de utilizar una salida alternativa a la principal del Palacio de Justicia, donde se congregaban diversos medios de comunicación.

ACUSACION PUBLICA Al secretario municipal de Plasenzuela, Leopoldo Barrantes, se le imputa en esta causa por presuntos delitos contra la Seguridad Social y malversación de caudales públicos. Junto al exalcalde de la localidad se le acusa de haber, presuntamente, defraudado a la Seguridad Social 2,2 millones de euros desde 1997, al dejar de abonar la cuota de los trabajadores del ayuntamiento, y de la apropiación de más de 200.000 euros de los fondos municipales aparentando ventas al ayuntamiento y la residencia de ancianos de productos de empresas de Villegas y el exconcejal Francisco Crespo, también imputado en esta causa --Crespo fue el primero en declarar. Lo hizo el 28 de octubre en el Juzgado de Trujillo--.

La implicación del secretario municipal la motiva el que muchas de las órdenes de pago las habría efectuado él como persona con firma autorizada, es decir, que habría actuado como medio para las presuntas apropiaciones de los fondos públicos. Barrantes basó su declaración en que él es secretario-interventor, no tesorero, y que además no puede disponer de los fondos del ayuntamiento porque es necesaria firma tripartita (del alcalde, el tesorero y él), y que todos los pagos los hizo contra factura, disponiendo de todas las abonadas. Pese a su defensa, la fiscal-jefe provincial señaló que todas las imputaciones contra él "se mantendrán totalmente".

En el caso de Domingo Galán, imputado en esta causa en su calidad de constructor, no como alcalde de Torremocha, podría no ocurrir así, pues tras su declaración la fiscal señaló: "puede ser que se valore por la Fiscalía si mantener o no la imputación"

Galán reconoció que si bien es cierto que el exalcalde de Plasenzuela le adjudicó una serie de obras municipales, se trató de obras menores, por lo que bastaba con que él presentara un proyecto, se le aprobara y firmara el oportuno contrato de adjudicación. "En total se le habrían adjudicado, entre enero y julio del 2007, obras por importe de más de 100.000 euros que fueron abonándole mediante transferencias contra las cuentas del ayuntamiento", indicó la fiscal.

INTERCAMBIO DE FAVORES Dos meses después tuvo lugar una votación para elegir al presidente de la Mancomunidad Sierra de Montánchez "y lo que se le imputa por el Ministerio Fiscal es que hubo un intercambio de favores, por una parte el ayuntamiento le adjudicaba la obra sin necesidad de contratación ni de sacar a pública subasta ni ningún trámite y a cambio él votaba a favor de José Villegas para presidente". Esto, reconoció Abellán, podría no sostenerse, "ya que siempre se elige para este cargo al alcalde que más votos saca en las elecciones, con lo cual el intercambio de favores no habría existido".

Ante estos hechos la fiscal señaló que podría producirse un giro en la imputación a Galán, al señalar que no se descarta la retirada de la acusación contra él. Lo indicó con reservas, pues hizo constar también que antes será necesario estudiar la documentación aportada por su letrado, que se encuentra en el Juzgado número 2 de Trujillo, que es el encargado de la instrucción de esta causa; así como también ver lo que la legislación administrativa determina sobre la forma de adjudicación dependiendo de las cuantías, "pues hay que sumar las cuantías de todas las obras y comprobar si son obras individuales o conjuntas".

Por su parte, ninguno de los acusados quisieron hacer declaraciones a la prensa.