Tres años de prisión, 4.400 euros de multa e indemnizaciones millonarias. Son las penas a las que se enfrenta cada uno de los cuatro acusados por la Fiscalía del incendio forestal ocurrido en julio del 2006 en Cañaveral, uno de los más graves de cuantos han ocurrido en Extremadura. Baste decir que estuvo activo durante tres días, que arrasó casi 1.800 hectáreas de tres términos municipales y que fueron más de un centenar los perjudicadas por las perdidas que ocasionó.

La fiscal delegada de Medio Ambiente, Olga Suárez, se ha mostrado contundente y los tres años de cárcel que reclama constituyen la mayor condena de cárcel posible para un incendio imprudente de estas características.

El Ministerio Fiscal culpa a Roberto J. O. M., Pedro G. R., Pedro O. G. y Francisco J. G. R., todos ellos empleados por aquel entonces de la empresa Señalizaciones Viales Valle SL, una de las que realizaron trabajos en las obras de conversión de la Nacional 630 en autovía. En su caso colocaban las biondas de la barrera quitamiedos de dicha autovía, y fueron precisamente las chispas que produjeron con un soplete las que, según la fiscal delegada de Medio Ambiente, Olga Suárez, causaron el fuego.

Han pasado más de cuatro años de aquel grave incendio, pero aún está en la memoria de todos los que lo vivieron. Cañaveral fue el municipio más perjudicado, pero también se vieron afectados los de Pedroso de Acín y Portezuelo.

La instrucción judicial de esta causa, que correspondió al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cáceres, y que ha sido larga y laboriosa por los muchos perjudicados, ha llegado a su fin, aunque el juicio, que tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal 2 de Cáceres, es posible que no se celebre antes del próximo verano.

Así lo indicaron a este diario fuentes judiciales cercanas a la causa, que según hicieron constar al tratarse de un juicio que se prolongará durante varios días, por ser cuatro los acusados y más de cien los perjudicados, será difícil celebrarlo antes.

LOS HECHOS Los hechos por los que Roberto J. O. M., Pedro G. R., Pedro O. G. y Francisco J. G. R. serán juzgados, acusados de un delito de incendio forestal de especial gravedad por imprudencia grave, tuvieron lugar el 12 de julio del 2006. Eran aproximadamente las cinco de la tarde y los cuatro acusados, como empleados de la empresa Señalizaciones Viales Valle SL, se encontraban a la altura del kilómetro 580,300 de la carretera N-630, en el término municipal de Cañaveral, montando las biondas de la barrera quitamiedos de la autovía en construcción.

Utilizaban para esta tarea un soplete, lo cual, según hace constar la fiscal de Medio Ambiente en su escrito de acusación, "fue una decisión que adoptaron los imputados a pesar del intenso calor, de encontrarse en época estival declarada de alto riesgo de incendio en virtud de Orden de 29 de mayo de 2006 publicada en el DOE de 30 de mayo, de la presencia de pasto seco en las proximidades del lugar donde se iba a utilizar el soplete y del fuerte viento, que alcanzaba una velocidad de 1,76 metros por segundo". Y además, añade, "desestimando los acusados la utilización, para estos imprevistos trabajos de soldadura, del taller puesto a disposición de las obras por las empresas adjudicatarias de las mismas, OHL e Hiasa". Así, continúa el escrito fiscal, mientras Roberto J. O. y Pedro G. R. sujetaban la bionda, Pedro O. G. hacía uso del soplete, "sin tener cercano un extintor ni una bolsa/mochila de agua, ni adoptar ninguna otra medida elemental para evitar que se prendieran las esquirlas incandescentes procedentes de dicha herramienta".

Y todo ello, se añade, sin que el jefe del equipo, el también acusado Francisco J. G. R. "realizara ninguna actuación de vigilancia del riesgo creado por los trabajadores bajo su dirección y que actuaban conforme a sus instrucciones para el montaje de la barrera, puesto que en el momento del uso del soplete se ausentó de sus labores de dirección, pese a conocer las circunstancias de tiempo, lugar y presencia de pasto seco ya indicadas".

LAS CONSECUENCIAS La actuación antes indicada de los cuatro acusados tuvo como consecuencia, hace constar Suárez, que las esquirlas incandescentes que desprendía el soplete usado iniciaran un fuego, que se originó a 7,60 metros del guardarrail en el que estaban trabajando y que provocó la destrucción de 1.798,62 hectáreas de montes, tanto de titularidad pública como privada. Y también, destaca la fiscal, zonas de especial valor ecológico, como la de los ´Canchos de Ramiro y Ladronera´, que están incluidas en el catálogo de Zonas de Especial Protección para las Aves.

El incendio causó además la movilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad que, ante la virulencia del fuego, prepararon un dispositivo para la evacuación de diferentes poblaciones, "sin bien esta no fue finalmente necesaria"; así como la supresión del suministro eléctrico de la línea denominada Arañuelo-José María Oriol, perteneciente a la red eléctrica de España, desde las 21.47 a las 22.48 horas del 12 de julio, y de las 22.54 a las 03.05 horas del 13 de julio.

Estos hechos, concluye la fiscal, son constitutivos de un delito de incendio forestal de especial gravedad por imprudencia grave; imputa como autores del mismo a Roberto J. O. M., Pedro G. R., Pedro O. G. y Francisco J. G. R.; y pide para cada uno de ellos 3 años de prisión, 4.380 euros de multa y el pago de indemnizaciones a la Junta de Extremadura (167.755,28 euros por los gastos de extinción), a la red eléctrica de España por los gastos ocasionados como consecuencia del corte de suministro eléctrico, a la Dirección General de Medio Ambiente por los gastos ocasionados para la regeneración del daño ambiental ocasionado por el incendio y a los 104 perjudicados.