La Consejería de Fomento está investigando la posible celebración de subastas encubiertas de suelo municipal por parte de los principales ayuntamientos de la región para confirmar "si se puede actuar jurídicamente" contra esta práctica. El director general de Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio de la Junta, Víctor Zarco, apuntó que los casos más evidentes se han detectado en Cáceres, aunque también se habrían producido en Badajoz y Mérida.

Zarco incidió en que "no parece lógico" que en las zonas más caras de Mérida, Cáceres y Badajoz "se saque suelo a concurso entre comillas, en algunos casos con subastas encubiertas". Esto se haría, añadió, para garantizar que esas viviendas son adquiridas por "personas con un nivel de rentas muy superiores a la media", lo que, a su vez, provoca "segregación" en las ciudades en función de las rentas.

Según dijo, la práctica que se ha detectado es la de convocar un concurso donde la mitad de los puntos se otorgan a la mejor oferta económica. Al mismo tiempo, se establece como precio de salida la tasación del terreno, con lo que los promotores llegan a pagar hasta un 10% por encima de su valor real (es el límite fijado por la ley). Para Víctor Zarco, esta práctica supone que "se está fomentando la especulación por parte de la propia Administración", que es precisamente "la responsable de que no se especule con el suelo".

El alcalde de Mérida, Pedro Acedo, respondió a esta acusación asegurando que el ayuntamiento realiza las subastas "con los informes de legalidad preceptivos y para un mejor desarrollo de la ciudad". Para el alcalde, lo que pretende la Junta es "amenazar con querer ser también ayuntamiento" cuando la tendencia es descentralizar las competencias de la Administración regional en favor de la local.

Desde el ayuntamiento cacereño, Andrés Nevado dijo que no se han convocado subastas encubiertas, sino concursos ajustados a la ley del suelo en los que junto a criterios económicos se puntuaban otros.