Fomento rehabilitará 4.000 viviendas este año para aliviar la crisis en la construcción

Según el consejero, este nuevo paquete de ayudas, que hacen más accesibles las ya existentes, contempla la realización de unas 4.000 actuaciones, fundamentalmente destinadas a mejorar la habitabilidad y accesibilidad de los inmuebles, así como su eficiencia energética. Y para ello, la Junta cuenta con un presupuesto estimado de inversión de 45 millones de euros, de los cuales 11 serán aportados por el Gobierno regional y los 34 restantes, por el Ministerio de Vivienda.

"Un nuevo esfuerzo", según Quintana, con el que se espera lograr, hasta el 31 de diciembre de este año, "un repunte considerable del sector de la construcción con la creación de 4.000 empleos, a pesar de que la crisis del ladrillo no nos ha afectado igual que a otras comunidades". Pero aunque se les concede un papel importante, el nuevo paquete de medidas en materia de vivienda y suelo no solo hace referencia a la rehabilitación de los inmuebles: también establece nuevos criterios para apoyar la reconversión de viviendas sin vender en protegidas, reforzar los alquileres subvencionados y mejorar las condiciones de compra de las viviendas sociales.

Mejores condicionespara la rehabilitación

Para dar un "impulso extraordinario al sector", Quintana destacó el aumento en el límite de los ingresos máximos para poder acogerse a las ayudas para rehabilitación aislada de casas y edificios, que pasan de 33.200 euros a 47.900, "lo que permitirá un mayor número de beneficiarios". Esto significa que los ingresos máximos no pueden ser 6,5 veces superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), un valor antes establecido en 4,5 veces.

De igual forma, para acogerse a este tipo de subvención se permitirá, con carácter extraordinario hasta el 31 de diciembre, que el beneficiario tenga una segunda vivienda en propiedad --casa de campo, de vacaciones, etc.--, siempre y cuando la ayuda para la rehabilitación se haya solicitado para la primera residencia. Un cambio que según Quintana, "permitirá aceptar muchas más solicitudes". Y también con carácter extraordinario, "se establecerá una desgravación en el tramo autonómico del 10% de los gastos, que se sumará al 10% que ya aplica el Ministerio".

Con respecto a las áreas de rehabilitación urbanas e integrales (ARUS y ARIS) se incrementan en cinco puntos las ayudas por vivienda, hasta alcanzar el 30% y el 35% respectivamente. Y sobre las casas de propiedad municipal, Quintana explicó que las ayudas se amplían del 40% del presupuesto protegido al 60%, con un límite máximo de 15.000 euros, antes establecido en 12.000 euros.

Más facilidades paracomprar y vender

Para aumentar el número de potenciales compradores, en un periodo transitorio de un año se permitirá la reconversión de viviendas libres y medias a inmuebles protegidos en compra o alquiler hasta una superficie de 120 metros cuadrados, frente a la limitación actual de 90.

Según explicó Quintana, el precio de estos edificios "quedará fijado como el precio de una VPO de esos metros en la zona que proceda, dependiendo de la localidad", aunque señaló que se trata de "una medida no permanente que se aplicará a los stocks", por lo que solo se podrán acoger a ella viviendas ya terminadas o en fase de finalización que no se hayan vendido. Así, "se benefician los promotores y los compradores. Para los primeros, aumenta el número de potenciales clientes y para los segundos, nace la posibilidad de obtener subvenciones".

Impulso al alquiler y lasviviendas sociales

Según Quintana, las medidas de refuerzo al alquiler, materializadas en ayudas que cubren hasta un 40% de la renta con un máximo de 3.200 euros anuales, están destinadas fundamentalmente, "al apoyo al inquilino". La novedad que ahora se incluye es que a los tres años subvencionados --dos por el Ministerio de Vivienda y el tercero por la Junta--se añade otro más, "lo que permitirá que todas las familias puedan tener asegurados cuatro años de alquilier subvencionado --dos por el Ministerio y dos por la Junta-- para dar mayor estabilidad en tiempos de crisis".

Y también para ayudar a los más desfavorecidos, Quintana anunció la intención de la Junta de seguir construyendo viviendas sociales --viviendas públicas que están a disposición de las familias más necesitadas en régimen de arrendamiento con opción voluntaria de compra una vez transcurridos cinco años--, sobre todo en las grandes ciudades extremeñas, "que es donde más falta hacen". Como novedad, se mejoran las condiciones de venta de estas, ampliando del 20% al 25% el precio pendiente de pago en concepto de ayuda a la compra. Sin embargo, "para los que no ejerzan la compra y que no sean familia numerosa, dependientes o desempleados, se podrá llevar a cabo una revisión de su situación, que podría concluir con la adjudicación de la vivienda a otra familia más necesitada", aseguró.

En definitiva, "un conjunto de medidas coherentes, necesarias, precisas y acertadas" que según Quintana, no solo servirán para reactivar el sector del ladrillo --a pesar de no estar tan castigado como en otras comunidades, según el consejero--, sino para demostrar a los ciudadanos que desde la Administración somos conscientes de sus necesidades, que estamos funcionando y que pronto saldremos de la crisis".