El Tribunal Supremo considera que Carme Forcadell «hizo posible, desde su privilegiada posición de presidenta del Parlament, la creación de una legalidad paralela carente de validez», que sirvió «de apoyo a la estrategia independentista», permitiendo entrar en el debate parlamentario la discusión y votación de las leyes de desconexión.
Según los magistrados, las resoluciones que suspendían inmediatamente esas iniciativas «fueron altivamente desatendidas» por Forcadell, quien, «una y otra vez, desoyó los requerimientos recibidos» por parte del Tribunal Constitucional (TC), pero también del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
«Llegó a entorpecer gravemente el desempeño de la autoridad pública que se residencia en los tribunales de justicia, cuyos mandatos fueron claramente burlados», sustenta el fallo, en el que se la condena a 11 años y medio de cárcel y el mismo periodo de inhabilitación por un delito de sedición.
ILUSORIA REFERENCIA / «Yo no participé ni dirigí ninguna estrategia. Me limité a cumplir con mi cargo de presidenta del Parlament», declaró Forcadell el pasado 26 de febrero. El tribunal justifica la condena argumentando que tuvo un papel «decisivo en la dirección de un proceso de creación normativa» que, pese a su «más que evidente insuficiencia jurídica», sirvió de «ilusoria referencia para una ciudadanía que iba a ser movilizada como instrumento de presión al Gobierno».
La sentencia también atribuye a la expresidenta de la Cámara catalana haber «alentado, organizado y protagonizado actuaciones multitudinarias que entorpecieron la labor judicial», unas movilizaciones que «generaron importantes enfrentamientos entre los ciudadanos y los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado» bajo la consigna «a la defensa de nuestras instituciones».
En esta dirección, los jueces entienden que «desbordó los contornos de la posición institucional que ostentaba» dando apoyo al Govern y a ANC y Òmnium.
La declaración unilateral de independencia (DUI) «no llegó a tener concreción práctica alguna» porque el 27 de octubre el pleno del Senado activó el artículo 155. Los jueces admiten que fue una declaración «simbólica e ineficaz» y sostienen que Forcadell no solo no la frenó, sino que la impulsó «de forma activa».
Forcadell reaccionó al fallo en las redes: «La injusticia se ha consumado». El libre debate parlamentario no es delito, es un derecho ejercerlo y un deber defenderlo. No nos cansaremos de decirlo allá donde hace falta. La democracia vive un día oscuro, pero ni en momentos así el derrotismo nos tiene que vencer. ¡Saldremos adelante!».
«Llegó a entorpecer gravemente el desempeño de la autoridad pública que se residencia en los tribunales, cuyos mandatos fueron claramente burlados»
