Las administraciones sanitarias deberán promover e impulsar diversas actuaciones con la finalidad de que los profesionales de la salud puedan detectar precozmente la violencia sobre las mujeres. Además, propondrán las medidas que estimen necesarias para mejorar las respuesta de este sector contra las agresiones sexistas. En esas actividades se establecerá expresamente la colaboración con la administración de justicia.
También desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario para mejorar la asistencia y rehabilitación de la agredida.
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud creará una comisión contra la violencia sobre la mujer, que emitirá un informe anual. El estudio será remitido al Observatorio Nacional de la Violencia sobre la mujer y al pleno del Consejo Interterritorial.
