Francisco Javier Fragoso puede aportar una doble visión sobre la financiación local: la que le proporciona ser profesor universitario de Economía Financiera y otra, más práctica, como concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Badajoz.

Un 20% de la financiación local está ligada al vivienda, ¿no es una dependencia excesiva?

--No, sobre todo teniendo en cuenta que en esa cifra también se incluye el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que es el principal impuesto con el que cuenta una ciudad y que no tiene nada que ver ni con el suelo ni con el precio de la vivienda. La parte de los ingresos que dependen del mercado del suelo es francamente mínima, por lo menos en el ayuntamiento de Badajoz, donde este año lo presupuestado por enajenación de patrimonio son 1,2 millones de euros de un presupuesto de 84 millones.

Pero, precisamente, los impuestos sobre inmuebles, ¿no convierten la recalificación en un instrumento recaudatorio?

--Para nada, porque en una recalificación lo que viene para recaudar es por la vía de la enajenación del suelo. La plusvalía que se genera no influye en el IBI.

Sin embargo, al cambiar la categoría del suelo se paga más IBI...

--Sí, pero es una pura anécdota, porque del suelo que tiene una ciudad, lo que tú puedas recalificar, siendo un bestia , no llega ni al 1%. Lo que de verdad paga en una ciudad es la vivienda construida, porque quienes las poseen son los que reciben los servicios del ayuntamiento.

Y un parón en la construcción no afectaría económicamente a los ayuntamientos...

--Algo afectaría, pero no de una forma seria. En la estructura de finanzas nuestra, la actividad constructora afecta principalmente al Impuesto de Construcciones y Obras (ICO) y no en su 100% --adaptar un local para un bar, por ejemplo, también paga ICO--. La ley lo que hace es intentar, en la medida de lo posible, que con los recursos tributarios y financieros que uno tiene se sea autosuficiente. Un parón se notaría como el de cualquier otra actividad económica, pero no especialmente, porque en nuestra principal figura, que es el IBI, se paga en función de las viviendas que existen y de ahí hay que descontar los servicios que se le prestan a esas viviendas. Y, en cualquier caso, más frenazo que el que ha supuesto para Badajoz tener el plan general bloqueado sin suelo a disposición para construir...

¿Cree entonces que la idea que se tiene de que la financiación local depende en gran medida del urbanismo es un mito?

--Clarísimamente. En el caso del ayuntamiento de Badajoz, lo que es el mercado del suelo supone el 2% de sus ingresos.

Si eso es así, con una liberalización del suelo no disminuirían los ingresos locales.

--No afectaría. Incluso, si liberalizarlo supusiese que va a haber una mayor actividad económica, por la vía indirecta supondría más ingresos. Lo que si tengo claro es que el mito de que el precio de la vivienda está ligado, entre otras cosas, a los intereses urbanísticos de los ayuntamientos no es verdad. Sí es cierto que la situación de los ayuntamientos es de insuficiencia financiera y que hay que abordar una ley para su financiación porque prestamos servicios muy por encima de lo que tenemos financiado, pero eso no tiene nada que ver con el mercado del suelo.

¿Qué le parece la propuesta de subir el IBI a los precios vacíos

--Es algo que no tenemos estudiado. Nosotros lo que queremos es que haya un marco jurídico que permita definir lo que es un piso vacío y ver cómo se puede implementar esto. Porque si un piso vacío deja de serlo en cuanto que haya una persona empadronada en él, con empadronar a un hijo en cada piso... El problema de los impuestos es que después tienen que ser fáciles de gestionar. No puedo gastarme más en inspectores que vean qué pisos están vacíos que lo que voy a ingresar. Hacer una declaración política es muy fácil, lo que hay que ver después es si quienes la debemos aplicar tenemos instrumentos o no. A día de hoy es imposible hacer un censo de pisos vacíos.

También se habla de ajustar este impuesto al valor de mercado en lugar de al catastral...

--Si yo aumento el valor y mantengo el tipo impositivo, lo que hago es una bestialidad de subida a los ciudadanos. Y lo que hay que ver es si lo que se quiere es una subida de este tipo. Si la referencia es el valor de mercado, todos los ayuntamientos tendremos que amoldar el tipo impositivo que cobramos, pero a mí no me parece mal que el valor que aparezca sea el reflejo del que tiene el piso.

En el tema de la financiación local caben dos grandes reformas. Por un lado, yo no sé por qué somos la Administración que más ha crecido en los servicios que da y sus recursos lo han hecho menos, porque en el pastel del dinero que maneja el Estado no tenemos por qué ser las hermanitas pobres. En su día la FEMP marcó que deberíamos andar entre el 20 y el 25% y ahora estamos muy poco por encima del 10%. Nos tiene que dar más dinero el Estado, entre otras cosas porque cada vez tiene menos competencias y nosotros más. En segundo lugar, creo que tiene que haber un pacto local por el que las comunidades autónomas nos manden dinero a los ayuntamientos, que estamos dando muchos servicios que no son nuestros, como los sociales o los de deportes y juventud, que por el Estatuto de Autonomía son competencia exclusiva de ellas. Pero darlo de forma libre, para que cada ayuntamiento lo gestione según las necesidades de sus ciudadanos, no para decirnos en qué no lo tenemos que gastar. Todo lo que sea aumentar los ingresos a través de incrementar los impuestos a los ciudadanos a mí, a priori, no me gusta. Lo que hay que hacer es gestionar de forma más eficiente los recursos con los que cuenta el Estado.