La futura Ley de Educación de Extremadura recogerá la libertad de los padres a elegir el centro educativo de en el que estudiarán sus hijos, así como la implantación de una carrera profesional para incentivar a los maestros. Así se recoge en un documento que plasma los principios generales alcanzados por el PP y el PSOE, y que servirá como germen de lo que será la norma que tiene encomendada la labor de cambiar el modelo educativo actual y adaptarlo a la realidad de la comunidad autónoma. En el texto se recogen otros puntos de interés para la comunidad educativa como es la intención de reducir tanto la tasa de fracaso escolar como la ratio de alumnos por profesor, o la organización del sistema educativo en distritos, con la intención de equilibrar el reparto de los recursos y de acercar la administración a los ciudadanos.

Este documento, de cuatro folios de extensión, es el punto de partida del documento "amplio y serio" que prepara la Consejería de Educación para presentar ante el Consejo Escolar a lo largo de este primer trimestre del curso, antes de abrir un "amplio debate" en el que durante seis meses toda la comunidad educativa podrá presentar sus propuestas. Así lo indica el director general de Política Educativa, Felipe Gómez Valhondo, quien insiste en que este acuerdo entre los partidos políticos únicamente recoge los principios generales, y que la propuesta que presentará la consejería a la comunidad educativa para su debate será más conciso.

PRINCIPIOS GENERALES Entre los pilares que sustentarán la educación extremeña se ha incluido la libre elección de centro, aunque este texto inicial indica, sin ofrecer más detalles, que será así "en la medida de lo posible". No obstante, se incluye como medida efectiva la creación de una ventanilla única en los grandes núcleos urbanos para facilitar a los padres el proceso de escolarización de sus hijos. Asimismo, se potenciará la atención individualizada de los alumnos, de tal forma que se adaptará el currículo y los recursos de la administración educativa a los condicionantes personales y a las necesidades de cada escolar. En este punto se especifica la intención de los políticos extremeños de reducir la ratio alumno-profesor para mejorar los resultados obtenidos.

En lo que afecta más directamente a los profesores, se incluye la puesta en marcha y asentamiento de un modelo de carrera profesional para el docente, que quedará no obstante a expensas del futuro Estatuto del Funcionario Docente no Universitario que desarrolla actualmente el Ministerio de Educación y Ciencia. Su fin será reconocer la labor del docente, un objetivo que en el texto consensuado se relaciona directamente con la mejora de la calidad de la educación.

AUTONOMIA DE CENTROS Por otro lado se potenciará la autonomía de los propios centros educativos, tanto en el plano pedagógico, como en el de organización y gestión. Aunque no se dan detalles de cómo se llevará a cabo esta medida, se especifica que los centros tendrán "capacidad suficiente para tomar decisiones de mejora en su proyecto educativo", siempre y cuando no se aleje de los principios que sustentan el sistema de la enseñanza. En relación con la violencia en las aulas, se recoge un escueto apartado en el que se apuesta por el desarrollo de la convivencia y la "resolución pacífica de los conflictos".

Entre otros objetivos, la futura ley pretende controlar el absentismo escolar, reducir las tasas de fracaso escolar en la región, mediante una reducción del abandono escolar prematuro una vez finalizada la etapa de escolarización obligatoria, así como un incremento en el número de titulados de Educación Secundaria. En relación a la educación pública o concertada, se limita a comentar que se considerará la educación como un servicio público que puede ser prestado "tanto por los poderes públicos como por la iniciativa social". Finalmente, se recoge la intención de mantener a la educación en una permanente evaluación, de tal forma que estará abierta a sistemas de análisis tanto nacionales como internacionales.