Solo el Parlamento de Galicia ha regulado hasta ahora las directrices que deben seguir los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración autonómica. Extremadura será la segunda región española que regule las directrices de la gestión pública si se materializa la propuesta del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, de crear un código de buenas prácticas que fije los criterios generales para definir, entre otros aspectos, la retribución de los miembros de la Administración o los precios de referencia de sus vehículos oficiales.
En el caso gallego, las directrices de la gestión pública están recogidas en la Ley de Transparencia y Buenas Prácticas en la Administración Pública, que surgió de un compromiso electoral del entonces presidente regional, Emilio Pérez Touriño, y fue aprobada en junio del 2006. Según fuentes de la Xunta, el objetivo de esta normativa es impulsar la participación de los ciudadanos y definir los principios de actuación de los miembros del Ejecutivo autonómico y altos cargos de la Administración.
Lo cierto es que comunidades como Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha tienen leyes que abordan algunos de los aspectos que Vara propone incluir en ese código.
